El reciente culebrón en torno al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) continuaba este jueves en la Cámara Baja, con un debate inverosímil y con propuestas como la lanzada incluso por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anticipando la puesta en marcha de una nueva ley que lo regule con el ánimo de acatar las peticiones de ERC y PNV.
El jefe del Ejecutivo ha anunciado dos iniciativas legislativas para contrarrestar las amenazas de sus socios de Gobierno que, de llevarse a la práctica, podrían hacer tambalear la estabilidad de su mandato. La primera iniciativa pretende mejorar los controles del propio Centro Nacional de Inteligencia, mientras que la segunda se marca como objetivo actualizar la Ley 9/1968 de 5 de abril sobre Secretos Oficiales. Pero las explicaciones de Sánchez y las iniciativas expuestas con vistas a la nueva regulación del CNI no han debido contentar tampoco al portavoz de ERC en el Congreso. De hecho, Gabriel Rufián, ¡ay, madre!, sigue erre que erre a lo suyo, con una réplica dura sobre el caso Pegasus y un argumentario pensado más en contentar a sus bases que en esclarecer realmente el descontrol en los aparatos de seguridad del Estado y que podrían ser los responsables de las escuchas a dirigentes de los partidos independentistas. Y lo mismo sucede con la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, quien mantiene la misma línea de disconformidad con las explicaciones de Pedro Sánchez, acusando al Gobierno de la nación de haber «usado las mismas tácticas que los anteriores» contra la oposición política, con la diferencia de que, en esta legislatura, los supuestos espiados sostienen parlamentariamente al Ejecutivo central. 
Aitor Esteban, la voz del PNV en la Cámara, también se ha mostrado crítico con el presidente Sánchez, porque, en su opinión, las escuchas a dirigentes independentistas son de extrema gravedad las conociera o no el propio Gobierno. 
Por otro lado, el PP ha exigido la entrega a la Comisión de Secretos de toda la información sobre el alcance del hackeo al móvil de Sánchez, a quien el propio líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, le ha recordado «que no se puede vivir de rodillas todos los días». 
En definitiva, lo sucedido en el Congreso de los Diputados no hace sino poner de manifiesto de nuevo que a nuestra clase política le mueve más su supervivencia y contentar a su propia parroquia que las preocupaciones reales de una ciudadanía atónita ante tanto debate estéril y de corte partidista. Es evidente también que el buen funcionamiento de las instituciones debe ser, en términos generales, un asunto de Estado. Pero, del mismo modo, sabemos que el principio de independencia debe imperar por encima de cualquier manipulación en pro de determinados intereses políticos. Por esa misma razón, se hace necesaria una regulación seria que aporte realmente independencia al funcionamiento de determinados organismos judiciales y como el que ahora nos ocupa. Lo demás es marear la perdiz y ganas de seguir con un vodevil que sólo divierte a los que lo protagonizan y no al público que paga por su representación.