La Junta de Castilla y León estima que el déficit de explotación de las líneas de transporte de viajeros por carretera, las concesiones interurbanas de titularidad autonómica, se triplicará este año en relación a un ejercicio «normal» previo a la pandemia de la covid-19. Esto hará que las ayudas públicas para mantener a flote estos servicios tengan que volver a crecer este año, para el que ya se han destinado 21,9 millones a las empresas del sector.

Las previsiones de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital indican que la guerra de Ucrania, así como el aumento del precio de los combustibles y la reducción en el número de viajeros volverá a descuadrar las cuentas de las empresas concesionarias, lo que obligará al departamento que dirige María González Corral a poner más recursos sobre la mesa con el objetivo de que se mantengan las comunicaciones interurbanas por autobús.

De hecho, a finales del pasado 2021, la Junta de Castilla y León dictó una orden por la que anticipaba a las empresas concesionarias del servicio de transporte regular de viajeros la cantidad de 12,9 millones de euros, a cargo del déficit de explotación del presente año, ante el «agravamiento» de la crisis económica. En esos momentos se desconocía aún que se iba a producir la invasión de Ucrania por parte de Rusia y una escalada de los precios del petróleo, cuyos efectos están ahondando la crisis del sector.

Precisamente, 12,9 millones fue la cantidad que dedicó el Ejecutivo autonómico a compensar el déficit de explotación de las líneas de la Comunidad en el año 2019, puesto que la práctica totalidad de estos trayectos no son rentables sin aportación pública. En aquel ejercicio se estimaba que de un total de 1,7 millones expediciones anuales, el 90 por ciento era deficitarias. Así, en diciembre, la entonces Consejería de Fomento y Medio Ambiente dio luz verde a una convocatoria dotada con 12,9 millones, según informa Ical.

Volviendo al año actual, además de la aportación realizada en diciembre pasado, el nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y León acordó en su primer Consejo de Gobierno conjunto un paquete de ayudas al transporte, en el que figuraba la movilización de nueve millones de euros más para paliar el impacto de la crisis en el sector, atendiendo al incremento en los precios de combustible, personal, vehículos, seguros o costes fiscales, entre otros.

Previsible aumento.

No obstante, entre las dos partidas, los fondos dispuestos por la Junta ascienden a 21,9 millones, una cantidad que previsiblemente tendrá que aumentar, toda vez que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital calcula que el déficit de explotación estimado para el año 2022 está en el triple de la cantidad acumulada en 2019. Además, a lo largo del año de la pandemia (2020), el Gobierno de la Comunidad ya tuvo que destinar 27,5 millones al sector, una cifra que aumentó durante el pasado año alcanzando los 32 millones. De esta forma, la suma del dinero público aportado a lo largo de los últimos cinco ejercicios presupuestarios se eleva a más de 97,5 millones de euros.

La consejera María González Corral ya indicó, durante su comparecencia en las Cortes para dar cuenta de su programa de legislatura, que este esfuerzo «nada desdeñable con el sector reafirma la apuesta decidida de la Junta por el transporte de viajeros, y ha permitido garantizar, de un lado, la prestación del servicio de transporte público en condiciones de normalidad tras la pandemia y, de otro, la liquidez del tejido empresarial y el nivel de empleo en el sector», defendió.

Además, argumentó que el incremento en el precio de los combustibles había determinado una «atención específica» en el paquete de iniciativas de respuesta ante el «agravamiento» de la situación económica, aprobado en el primer Consejo de Gobierno de la presente legislatura, con medidas que suman 9,6 millones sufragadas por la Junta.