Lo mejor que puede ocurrir con el "caso Pegasus" sobre el presunto espionaje a una sesentena de dirigentes independentistas con distinto grado de responsabilidad en la puesta en marcha y ejecución del 'procés' y de sus consecuencias, es que acabe judicializado y esa ha sido la decisión adoptada por el Parlament de Cataluña. Una parte de ese espionaje ya está en manos de un juez ordinario de Barcelona que ha enviado comisiones rogatorias a Israel e Irlanda para tener información sobre esas prácticas sin que en año y medio haya recibido respuesta. Ahora el asunto ha cobrado una dimensión mayor y será la justicia la que determine quién y cómo se ordenó y se desarrollaron las operaciones de espionaje. y si contaron con autorización judicial como defienden los ministros del Gobierno y el propio Pedro Sánchez.

De forma paralela se llevará a cabo la investigación política sobre el 'caso Pegasus' en el seno del CNI y por el Defensor del Pueblo. Pero ni el PSOE, a pesar de todas las insinuaciones, ni el PP, están dispuestos a poner al CNI a los pies de los caballos, ni limitar su trabajo con la autorización de una comisión de investigación en el Congreso. El paso dado por la presidenta de la institución, Meritxell Batet, para que puedan acceder a la comisión de gastos reservados los partidos independentistas es una decisión que es más contraproducente por cuanto ha actuado por mandato del Gobierno para contentar a los socios parlamentarios de los que depende la estabilidad y la continuidad de la legislatura, que a efectos prácticos. Solo es preciso escuchar la reflexión de uno de los diputados asiduos a sus reuniones -cuando han tenido lugar- el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, que ha afirmado que nunca se ha informado en ellas de un secreto relevante, para dar por supuesto que la seguridad nacional no se verá afectada por la presencia en la comisión de quienes tratan de destruir el Estado. 

En este asunto el gobierno juega al palo y la zanahoria. Mientras que el presidente del Gobierno subraya que toda la actividad del CNI ha sido realizada con estricto sometimiento a la legalidad y ha manifestado "la máxima voluntad del Gobierno de esclarecer" este presunto caso de espionaje, la ministra de Defensa, Margarita Robles, sin dejar de insistir en que todo se ha hecho con arreglo a la ley, ha reclamado el derecho del Estado a defenderse de aquellos que lo pretenden disolver. Ni la actividad del CNI está en riesgo por mucho que desde determinadas terminales políticas o mediáticas se ponga el acento en el malestar dentro de la Casa, ni tampoco lo está la cabeza política de la ministra de Defensa, aunque también lo pidan los socios coaligados del Gobierno porque ha sido la más crítica con las declaraciones y acción política de las ministras de Podemos, y la más firme defensora del régimen del 78.

El Gobierno, en ningún caso puede admitir que ha hecho algo ilegal -va de suyo-, y es a los espiados a los que les corresponde presentar las pruebas de cargo contra sus victimarios. Tampoco en ningún caso se pueden rebajar las exigencias de control sobre los servicios secretos porque no se puede aceptar la existencia de espacios de impunidad. Y si se han realizado actuaciones al margen de la ley sin conocimiento del Gobierno, se estaría ante una situación aún más grave que el presunto espionaje, como ha dicho Gabriel Rufián.