Un macroproyecto de carácter turístico-religioso que supondría una inversión de ocho millones de euros, casi duplicaría la población de Burgohondo, conllevaría la construcción de 14.843 metros en 40 edificaciones sobre una finca rústica protegida de 305.326 metros cuadrados e incluiría una iglesia de 21 metros de altura en el cordal de la finca, sobre un paisaje espectacular. Así describe Ecologistas en Acción, la organización conservacionista española que lo ha recurrido, el plan urbanístico que la denominada Iglesia de Pobres y Humildes en Profecía de Esperanza –Iglehumilpre- pretendía levantar en Burgohondo, «en connivencia del Ayuntamiento, que previamente modificó el planeamiento urbanístico», con el, a su juicio, incomprensible plácet de la Junta, cuya autorización ha revocado recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Según explican desde Ecologistas en Acción, la citada promotora pretendía edificar este gran complejo en una zona protegida desde el punto de vista medioambiental y que, desde una perspectiva puramente urbanística, pasaría de ser suelo rústico a ser suelo urbanizado. Según subrayan desde la organización proteccionista, la sentencia critica que, ni en el proyecto aprobado ni en la Declaración de Impacto Ambiental favorable que emitió la Junta en 2013, se hayan valorado las repercusiones que pudiera producir en la red municipal de abastecimiento de aguas y en la red de saneamiento. «Esto a pesar de que el complejo urbanístico estaba diseñado para un aforo de 1.000 personas, en un pueblo de tan solo 1.225 habitantes situado en una comarca con graves problemas de abastecimiento y por el vertido de las aguas sucias al LIC Riberas del río Alberche y afluente».
El TSJ revoca de esta manera la sentencia de un juzgado de Ávila de 24 de febrero de 2020 que propiciaba el desarrollo del macroproyecto, haciendo hincapié en que, en este caso, no ha lugar a un procedimiento de autorización de uso excepcional de suelo rústico, porque es un proyecto que excede claramente del ámbito estricto y restrictivo que se reconoce a este tipo de permisos excepcionales. Así mismo, las críticas hacia la Junta apuntan a que no haya frenado este asunto mediante la resolución del recurso de alzada contra esa aceptación de procedimiento excepcional, que sustituyó por silencio administrativo, posteriormente recurrible y ahora, también, anulado. La sentencia, a la que ha tenido acceso Diario de Ávila, es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y/o ante la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en el propio Tribunal Superior de Justicia.
El actual alcalde de Burgohondo, Francisco Fernández García (PP) –el equipo de Gobierno protagonista de las medidas fue el anterior, también popular– ha declarado a Diario de Ávila que «acataba, por supuesto, la sentencia judicial» y se mostraba comprensivo «con el Ayuntamiento anterior», a la espera de recabar más información en relación a la sentencia y a la evolución del proceso. Julio Vías, portavoz de Ecologistas en Acción de Ávila ha afirmado en una nota de prensa que «esta sentencia pone de manifiesto el importante papel que juegan las asociaciones ecologistas en la protección del medio ambiente, pero también en la protección de los intereses públicos urbanísticos que ni la Junta ni el Ayuntamiento de Burgohondo han sabido defender».