Castilla y León cerró el cuarto trimestre de 2022 con una deuda viva de 13.322 millones de euros, lo que supone un 0,8 por ciento más al término de 2021, cuando se situó en los 13.215 millones. Además, este volumen, el más elevado de la serie histórica que comienza en 2004, creció un 2,07 por ciento, en relación al tercer trimestre del pasado año, cuando alcanzó los 13.051 millones, según los datos publicados hoy por el Banco de España.
No obstante, el endeudamiento de la Comunidad se redujo al término del pasado ejercicio en casi dos puntos porcentuales en relación al Producto Interior Bruto (PIB). En concreto, terminó 2022 en el 20,8 por ciento del PIB, el mismo porcentaje que tenía en el tercer trimestre, frente al 22,7 por ciento que marcó entre octubre y diciembre de 2021. Además, esta ratio es inferior en algo más de tres puntos a la media autonómica, que se situó en el 23,9 por ciento del PIB.
Por tanto, Castilla y León se sitúa en el centro de la tabla, en la octava posición en la lista de territorios menos endeudados de España, por detrás de Madrid, País Vasco, Canarias, Navarra, Asturias, La Rioja y Galicia. La Junta explicó en un comunicado que esta "buena" posición denota la "responsabilidad" con la que el Gobierno autonómico viene utilizando esta fórmula de financiación.
Asimismo, remarcó que la aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas sigue siendo "limitada", de acuerdo con los datos facilitados por el organismo regulador. En concreto, al finalizar el cuarto trimestre del año suponía el 4,2 por ciento del total de las comunidades, contabilizado en 316.937 millones de euros.
El supervisor bancario incorpora en su balance los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 268,9 millones de euros, así como el llamado 'factoring sin recurso' –créditos comerciales con la Administración cedidos a entidades financieras–, que añade 7,6 millones de euros y también el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada por 256 millones de euros.
El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a quiénes son los prestamistas, revela que, al acabar el cuarto trimestre de 2022, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública que representan el 26,8 por ciento, con 3.570,7 millones de euros. En segundo lugar se encuentra el Fondo de Facilidad Financiera con 2.157,5 millones de euros, –en concreto, el 16,2 por ciento- correspondiente a préstamos concertados en 2015 y 2020. Como tercer prestamista figuran las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.334,7 millones de euros, un diez por ciento de la deuda de la Comunidad.
Por otro lado, el 96,4 por ciento del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 3,6 por ciento de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.
Respecto a los plazos de vencimiento, el 99,5 por ciento de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo, frente al 0,5 por ciento firmada a corto. El 78,7 por ciento está concertado a tipo de interés fijo y el 21,3 por ciento a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de subidas del Euribor.
Finalmente, la Junta señaló que el Banco de España contabiliza en 2.736 millones de euros la deuda de aquellas empresas públicas autonómicas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional. De este modo, teniendo en cuenta los datos de todo el sector público autonómico la ratio media de endeudamiento con respecto a PIB se elevaría al 24,1 por ciento, frente al 20,8 por ciento de Castilla y León.