El Tribunal Constitucional, como estaba previsto, ha tomado su primera decisión relevante desde que cambió el signo de la mayoría de sus miembros al avalar la ley del aborto del Gobierno de Zapatero que el PP recurrió hace doce años y que no modificó de forma sustancial cuando pudo hacerlo al contar con mayoría absoluta en el Parlamento. Con este anuncio de sentencia el tribunal de garantías va a "hacer normal a nivel legal, lo que ya es normal a nivel de calle", una normalidad que se verá reforzada con la nueva ley del aborto que está a punto de salir del Parlamento.   

La batalla del aborto, sin embargo, está lejos de terminar. El aval a la ley ha salido con el voto a favor de los siete magistrados de carácter progresista y la oposición de los cuatro conservadores que integran el tribunal, una división que va a ser muy frecuente, dada su composición y el marcado alineamiento de cada uno de sus miembros con los partidos que los propusieron. Que la redacción de la ponencia que se ha debatido y votado hubiera recaído en el magistrado Enrique Arnaldo, uno de los últimos miembros de sector conservador en incorporarse al TC, hacía presagiar que la declaración de constitucionalidad de la "ley Aido" no sería completa y así ha sido. Aunque, en lo sustancial, otorga carta de naturaleza al sistema de plazos, -el reconocimiento del derecho de la mujer a abortar dentro de las catorce primeras semanas de gestación sin tener que cumplir requisitos-, Arnaldo ha puesto el foco de la inconstitucionalidad de la norma en la forma en que recibe información la mujer que ha decidido abortar y que se realiza en sobre cerrado sea y que debe ser  proporcionada de forma verbal por los servicios pertinentes para garantizar que la ha recibido de forma fehaciente. Una discrepancia que parece de tono menor si se tienen cuenta la situación en la que se encuentra una mujer que está dispuesta a  interrumpir voluntariamente su embarazo y que lo hace asumiendo y siendo consciente de todas las consecuencias de su resolución.  

La segunda cuestión que deja abierta la batalla del aborto es que el ponente no haya hecho referencia a la única modificación de la ley que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy, la necesidad de autorización familiar en el caso de las menores de 16 a 18 años, que la nueva ley vuelve a introducir. Si la próxima sentencia, cuya redacción ha sido encargada a la magistrada Inmaculada Montalbán, no hiciera referencia a este capítulo volvería a dejarlo sin cerrar,  mientras que una declaración expresa de su acomodo a la Constitución servirá para contar ya con un dictamen firme, ante el previsible recurso de inconstitucionalidad que se presentará desde Vox a la futura ley del aborto. Y a la vista de lo ocurrido en Castilla y León tampoco es descartable que, si el partido de ultraderecha llega a formar parte de un gobierno conservador o a condicionarlo desde afuera, impulse reformar la ley del aborto, a pesar de la conformidad de Feijóo con la sentencia del TC.   

A tenor del resultado de la votación en el pleno de Alto Tribunal los votos particulares de los magistrados conservadores servirán para prolongar el debate político sobre la elección de los magistrados del TC y sus consecuencias.  El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido ha comenzado a cumplir su compromiso de acelerar las sentencias sobre las cuestiones más acuciantes que tienen que resolver. Pero no tendrá fácil alcanzar soluciones de consenso.