La relevancia lógica que tiene el Acuerdo de Diálogo social en materia de pensiones al que ha llegado el Gobierno con patronal y sindicatos llevó este miércoles a Comisiones Obreras a celebrar una asamblea informativa en la que, de la mano de Cristina Peral, secretaria de Estudios y Asesoramiento a la Afiliación, y Agustín Hernández, técnico de esa Secretaría y experto en Seguridad Social, explicó los aspectos básicos de esa normativa que viene a sustituir a la aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy..
Reivindicó Cristina Peral que «por fin con este acuerdo volvemos a la senda del diálogo político y social, a lo que era la esencia del Pacto de Toledo, porque veníamos de una reforma en el año 2013 que había impuesto de manera unilateral el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que ahora está acordado entre el Gobierno, patronal y sindicatos».
Los cambios «más importantes» que ha propiciado ese acuerdo, son que «revierte los aspectos más lesivos de la reforma del año 2013, y su eje central es que pone el foco en los ingresos más que en los gastos, parece ser que nos habíamos acostumbrado a que todo lo que tiene que ver con sanidad, con pensiones o con educación se viese como gasto, y nosotros no lo consideramos así».
Y «poner el foco en los ingresos», añadió la ponente, «es reconocer que tenemos un reto demográfico importante por delante, porque la generación del baby boom está aquí trabajando y se quiere jubilar, pero no tanto en decir cuánto nos vamos a gastar sino en cómo vamos a cubrir ese periodo de tiempo que va a acabar aproximadamente en 2048, y ser capaces de hacer frente a ello sin bajar la cuantía de las pensiones».
La reforma del año 2013 «lo que decía, en resumidas cuentas, es que como iba a haber más pensionistas lo que había que hacer era actuar sobre la cuantía de la pensión; el cambio es que ahora revertimos esa reforma unilateral y ponemos el foco en los ingresos. Y además, otro aspecto importante es que el Estado va a ser el garante del sistema público de pensiones, se ha comprometido a hacer una aportación adicional de unos 22.000 millones de euros al año para hacer frente a ese reto demográfico, para que los españoles se jubilen con unas pensiones dignas y de calidad».
Con ese cambió, aseguró Cristina Peral, «podemos mirar al futuro con absoluta tranquilidad, con absoluta transparencia, la documentación está ahí, se puede consultar en la web del sindicato; y por eso también las generaciones futuras podemos estar total y absolutamente tranquilas con el sistema público de pensiones español tras este cambio».
Preguntada por la polémica que crearon las declaraciones del ministro sobre «seguir trabajando hasta los 75 años», la ponente defendió que «no es cierto que el ministro hablase de retrasar la edad de jubilación, no se ha tocado en ningún momento la edad legal de jubilación, lo que pasa es que estaba explicando que los acuerdos que se recogen en esta primera fase hablan de un sistema de incentivos con los que se premia la jubilación demorada. Y lo que estaba diciendo el ministro es que la gente que se quiera jubilar más tarde de su edad legal de jubilación, los 65 o los 67, que quiera seguir trabajando y pueda físicamente, pues tendrá una serie de incentivos y se jubilará cuando quiera».