El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó la semana pasada el proyecto de Ley de Rebajas Tributarias en Castilla y León para «dinamizar la actividad económica, la inversión y el consumo, así como para facilitar la creación de empleo e impulsar la recuperación económica», un documento que se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria y entrará en vigor tras su publicación en el Bocyl y que supondrá, junto a las otras medidas impulsadas, un ahorro para los abulenses cifrado en «134,7 millones» de euros para los cuatro años de legislatura. Así lo trasladó Miguel Ángel García Nieto, procurador en las Cortes de Castilla y León del PP de Ávila, quien trasladó que la apuesta del Ejecutivo de Fernández Mañueco es que los ciudadanos «tengan más dinero en el bolsillo» para contribuir a la «dinamización económica», no en vano «cuando se tiene más dinero, se gasta más y, además, se recauda más», aseguró.
El proyecto de Ley de Rebajas Tributarias de Castilla y León, impulsado por la Junta como una de las iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la situación económica, permitirá la bajada del primer tramo del IRPF en un 5,3 %, lo que colocará a Castilla y León como la segunda Comunidad con el tipo mínimo más bajo de este impuesto. Además, se pondrán en marcha medidas fiscales de apoyo a la natalidad, al emprendimiento y a la actividad agraria en el medio rural; bonificaciones en la tasa en materia de transporte por carretera y por la prestación de servicios veterinarios; o la supresión del Impuesto autonómico sobre la eliminación de residuos en vertederos, entre otras. Estas medidas tendrán un impacto en Ávila de 134 millones de euros en cuatro años, con los 20 millones de euros de la rebaja del IRPF; los 105,6 millones de euros con la práctica supresión del impuesto de donaciones y sucesiones, que «es para todo el mundo»; los 5,7 millones de euros en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales y los 3,3 millones en la rebaja o supresión de tributos propios y tasas, precisó.
«Frente al PP, que quiere cumplir sus compromisos y su programa y en estos momentos tan difíciles quiere rebajar la presión fiscal para ciudadanos y empresas, está el PSOE, que quiere subir el IRPF y crear nuevos impuestos y que es una amenaza para las empresas y para la competitividad fiscal», subrayó el procurador del PPde Ávila, quien remarcó que esta reforma tributaria «no será la última» porque el Ejecutivo de Mañueco quiere «seguir bajando impuestos».
Le acompañaron en su comparecencia los también procuradores David Beltrán y María Ángeles Prieto, quienes ahondaron en el impacto del proyecto de Ley aprobado para «aliviar los bolsillos de los contribuyentes y para atenuar el impacto de las crisis en las familias y las empresas». Esto, explicaron, contribuye a situar a la comunidad entre las primeras del país en materia tributaria especialmente en ámbitos como el del medio rural, que cuenta con una fiscalidad «favorable y diferenciada» para familias y empresas.