El último trimestre del año debía resultar decisivo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato va camino de cumplir tres años en funciones, lo que supone un récord absoluto en democracia. El acuerdo alcanzado entre PSOE y PP para cambiar otros órganos constitucionales como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional abrió la puerta a la esperanza para acabar con un bloqueo que, según denunciaron hace unas semanas los magistrados, «va a implicar que se dictarán aproximadamente 1.000 sentencias menos al año en todas las salas». No hay que olvidar que esta paralización institucional ha provocado que ya haya 48 puestos de altos cargos vacantes o en situación de interinidad. Una cifra que aumentará hasta los 57 a fecha de diciembre de 2021.
Sin embargo, a medida que han transcurrido los días desde aquella negociación que pilotaron Félix Bolaños por parte del PSOE y Teodoro García Egea en nombre del PP, se ha ido diluyendo la ilusión de alcanzar pronto un acuerdo para nombrar a los vocales del Poder Judicial y a su presidente. Los contactos, es verdad, se han retomado «con buena sintonía» entre los dos partidos, pero el consenso sigue estando muy lejos. El gran escollo de la negociación es la despolitización de la Justicia, un objetivo que ambas formaciones han defendido, pero que no consiguen materializar de forma conjunta.
Desde Génova se insiste en que Pedro Sánchez puede avanzar en la renovación del Poder Judicial si cumple con «la única premisa» que Pablo Casado ha planteado a este respecto, que es «llevar a las Cortes Generales una ley para que los jueces elijan a los jueces». «Nuestra posición es cristalina, la conoce todo el mundo. Va en línea con lo que plantea la Unión Europea y la mayoría de magistrados y con lo que reclama también la sociedad», defendió ayer el vicesecretario de Comunicación de los populares, Pablo Montesinos.
sin vetos. Fuentes de Génova deslizan incluso que Casado no pondrá problemas a los nombres propuestos por el PSOE (una vez que los socialistas han renunciado a que Victoria Rosell y José Ricardo de Prada entren en el Poder Judicial, como exigía Podemos) siempre que Ferraz se comprometa por escrito a reformar en esta legislatura o a apoyar en la siguiente la modificación de Ley Orgánica del Poder Judicial para que los magistrados elijan a 12 vocales de los 20 que tiene este organismo.
Desde el PSOE, aunque públicamente se recuerde que «no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de la partida», no ven con malos ojos la propuesta de los populares, sobre todo de cara a la opinión pública. El problema, aseguran, es que un pacto con el PP podría acabar por dinamitar las relaciones con Podemos que, además, no pasan por su mejor momento tras los últimos desencuentros.