El sistema especial de empleados de hogar cuenta en la provincia de Ávila con cerca de un millar de trabajadores. En concreto, a este sistema estaban afiliados el pasado mes 967 trabajadores, en su mayoría mujeres, teniendo en cuenta que ésta es una actividad eminentemente feminazada. Todas ellas tendrán a partir de ahora más protección frente al desempleo y también frente al despido, después de que en el último Consejo de Ministros se aprobará un Real decreto ley que pretente equiparar las condiciones de protección social de estas empleadas con las del conjunto de trabajadores. Una medida bien acogida por los agentes sociales, por cuanto mejora las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas e incluye bonificaciones para reducir el coste de la cotización a los empleadores. 

La medida, además, y al menos así lo entienden desde el sindicato CCOO, ayudará también a aflorar el empleo sumergido dentro de las empleadas de hogar. No en vano, el secretario provincial de este sindicato, Óscar García Barroso, calcula que la cifra de empleadas de hogar en Ávila es mucho mayor que la de afiliadas en este régimen especial a la Seguridad Social. «Probablemente la cifra en la que nos estemos moviendo en la provincia de Ávila sea de más del doble que las afiliadas», asegura el responsable sindical, que estima que estaríamos hablando de incluso más de 2.000 mujeres desempeñando este trabajo.  

«Es un sector altamente feminizado que tenía una cobertura en el marco laboral muy reducida, ya que sus derechos eran mínimos», apunta García Barroso a la hora de señalar por qué es tan importante la medida aprobada por el Gobierno y que entrará en vigor el próximo 1 de octubre. 

Así las cosas, a partir de ahora las trabajadoras del hogar tendrán derecho al subsidio por desempleo, y deberán cotizar por el mismo y al Fondo de Garantía Salarial, si bien no es ésta la única mejora que incorpora este Real decreto ley que también incluye «cobertura en relación a riesgos laborales, con un compromiso de desarrollar un estudio sobre enfermedades profesionales que afectan a este colectivo», destaca García Barroso. Además, el Real decreto ley también expulsa del ordenamiento jurídico la figura de desestimiento y otorga protección a estas trabajadoras frente al despido, equiparando su situación a la del conjunto de trabajadores.  También destaca de esta medida las bonificaciones en las cotizaciones, de hasta el 80 por ciento, que se contemplan para las familias que empleen a estas trabajadoras.

«Es un sector muy desprotegido desde el punto de vista legal», coindice con el responsable de CCOO Javier Sánchez, secretario general de Fesmc de UGT, al hablar de estas medidas que «asemejan la protección que a partir de ahora van a tener estas trabajadoras a la del resto de trabajadores» y que, además, van a ayudar a «aflorar empleo sumergido» dentro de esta actividad.