Como jurista intencionadamente hago referencia al vocablo seriedad en vez de seguridad jurídica. Cosas bien dispares la una de la otra pero estrechamente unidas. Falta rigor, sobra demagogia y adolecemos de la pluma fina de juristas de suyo capaces de escribir un decreto o un reglamento con seriedad, templanza, claridad y concreción. El lenguaje jurídico es capital. Su enemigo es la farragosidad y con ello la ambigüedad que acaba generando confusión, errores, opacidad y mucha oscuridad. Frente a la transparencia y el lenguaje claro los diletantes políticos de ministerios y gobierno se afanan en toda una hemorragia ordenancista que no deja títere con cabeza, entremezcla y confunde y flaco favor repara a todos nosotros.
Quizá las prisas, el no consensuar, el encargar textos a terceros, el saltarse los dictámenes del consejo de estado, el regular por mecanismos y vías de urgencia, abusando una y otra vez de ciertas formas legislativas, acaba creando una pobrísima cultura legislativa y con ello, sin enmendarlo siquiera, jurisprudencial y a la postre jurídica.
El decreto de plan de ahorro apunta a una precipitación más y no consensuada, habida cuenta que este gobierno ni entre los suyos consensúa, menos con la oposición, salvo para orquestar y compra y vender los votos necesarios a cambio de enormes prebendas competenciales y presupuestaria, véase País Vasco y Cataluña en las últimas semanas. Es la pauta o la tónica del quehacer gubernamental y legislativo. Todo se reglamenta, pero sin tener en cuenta el edificio cuál de si un viejo cascarón con desdén lo tratasen. Se va de aquí para allá con total disimulo de la nada y la consulta. Son ya varias las comunidades las que piden retirar el decreto por «inseguridad jurídica».
¿Cuánto cuesta hacer buenas leyes? y desde un plano de análisis económico del derecho cuán útil serían y a la postre cuánto litigio se evitaría y mayor seriedad y seguridad jurídica para todos al caer la conflictividad. Es cierto que a los juristas nos gusta decir, tal vez recordando a Coleman, que no existen contratos completos, el contrato, la quintaesencia de la autonomía de la voluntad y la libertad de las partes, pero que en modo alguno son, por obra y gracia de esas mismas personas sujetos de derecho, completos. Pero lo que es intolerable es la chapuza, la contradicción, la corrección sistemática, la enmienda sobre la enmienda, o que el propio legislador (vaya usted a saber quién ha escrito la ley, el reglamento, el decreto, la orden y me refiero al amanuense próximo al poder a quién le encargan el borrador o al lobby de turno) acabe por interpretarse así mismo.
Lástima de un país empecinado a seguir cabalgando en una perenne eternidad de lomos de mula vieja. Erre que erre. Pero parece que esto no importa. No hace muchas décadas, pero sí eran en blanco y negro, la altura jurídica y la finezza eran insuperablemente soberbias. Leyes de mediados de los cincuenta y sesenta que aún hoy están en vigor. Pregúntense por qué, pero no vean con anteojeras ideológicas.