El Partido Popular achacó hoy a la pandemia del COVID-19 su demora en la convocatoria del congreso provincial de Salamanca, el único no convocado hasta ahora en Castilla y León como así destacó la parte demandante durante la vista de medidas cautelares celebrada hoy en el juzgado de primera instancia número cinco de Salamanca. La parte demandante exigió, además, la convocatoria efectiva del congreso provincial 'popular' en menos de 45 días, extremo a decidir por la jueza a partir de ahora.

Los servicios jurídicos del Partido Popular hicieron su llegada poco antes de las 12.30 horas, con apenas unos minutos de antelación respecto a la vista, señalada a las 12.40, luciendo una carpeta con el anagrama de la formación. Poco después, la parte demandante, encabezada por el abogado Enrique Herrera, también hizo acto de presencia en el edificio de justicia de Salamanca para asistir como parte a la declaración, que en un principio estaba requerida a Alberto Núñez Feijóo como máximo representante del partido a nivel nacional, pero que, finalmente, no se produjo en su persona.

Los 'populares', a través de su representación legal, aseguraron en su argumentación que los estatutos recogen los plazos que han sido establecidos por los órganos decisorios del partido y consideraron que, en ningún caso, se ha visto vulnerado el derecho fundamental a la libre asociación a través de partidos políticos de los demandantes, como así considera la denuncia. Además, creen que lo que se requiere es una sentencia declarativa, objeto de un procedimiento ordinario que no requiere ejecución, por lo que una medida cautelar "carece de todo sentido".

Es más, el abogado del PP fue más allá y solicitó a la parte demandante 150.000 euros en concepto de depósito por la presunta vulneración del mismo derecho fundamental que está en liza, el de libre asociación, en este caso, en su vertiente de "auto organización" porque, según valoró el letrado, "estos 13 afiliados", los que firman la demanda, "pretenden sustituir la voluntad de los órganos del partido en una cuestión de tanta importancia como la convocatoria de un congreso".

El argumento principal para haberlo demorado, según citó el abogado, es la normativa autonómica que impidió la celebración de congresos por la crisis sanitaria del COVID-19 hasta el 21 septiembre. De modo que, desde su punto de vista, no se podía exigir al PP convocarlo. Según sus cifras, al último celebrado, en 2017, acudieron 556 personas. "Reunir a tanta gente en tiempos de pandemia no era razonable", apostilló el abogado, quien además recordó que "los congresos son actos políticos, no solo es una cuestión interna, porque se difunden a los ciudadanos una serie de mensajes, y no tiene ningún sentido que el PP, deprisa y corriendo, hubiese agrupado todos los congresos provinciales y autonómicos todos a la vez porque habría tenido un impacto muy severo", sostuvo.

Sin embargo, según manifestó durante su turno de intervención el abogado de la parte demandante, Enrique Herrera, "en absolutamente todas las provincias de Castilla y León se han celebrados los congresos provinciales, salvo en Salamanca", opinando después, en declaraciones recogidas por Ical a la puerta de los juzgados, que detrás de estas decisiones "hay otras razones del Partido Popular que son públicas y notorias".

El segundo motivo que argumentó el PP es que sus estatutos permiten una demora de hasta 12 meses en la convocatoria de un congreso si hay abiertos procesos electorales, trayendo a colación las autonómicas anunciadas en diciembre de 2021 y celebradas en febrero de 2022. A ello, sumó la dimisión del anterior presidente el 5 de diciembre y la conformación de una gestora, cuyo "principal cometido" es convocar el congreso. Argumento contra el que Herrera sugirió su sorpresa al oponerse a las medidas cautelares, que "precisamente" lo reclaman. Los estatutos, según apuntó, dicen que la demora está justificada en caso de ser algo "extraordinario, motivado y previo acuerdo del Comité Nacional" pero, según valoró, "al PP en Génova no le interesa que en Salamanca se celebre el congreso".

El Ministerio Fiscal, por su parte, se adhirió a la posición del PP al considerar que el objeto de las medidas cautelares, es decir, la convocatoria del congreso en menos de 45 días por imposición judicial, coincide con el fondo de la demanda, por lo que solicitó la desestimación. Algo que Herrera criticó a la puerta del juzgado al considerar que lo que se requiere en la demanda es "el reconocimiento de la vulneración del derecho" y que las medidas cautelares persiguen "que no se siga vulnerando".

Incomparecencia de Feijóo

La jueza, eso sí, afeó la incomparecencia de Alberto Núñez Feijóo de forma "unilateral", mientras que la parte demandante solicitó la imposición de las sanciones administrativas previstas en la ley, además de que se considere por defecto como "afirmativa" la respuesta a la pregunta que pretendían formularle en esta vista. "¿Como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, que lo es desde 2005, ha participado en la adopción de algún acuerdo por el que se demorara la convocatoria del congreso del PP de Salamanca?", rezaba la cuestión.

Este extremo lo tendrá que decidir la titular del juzgado, quien sí se mostró contrariada por la ausencia del presidente 'popular'. "Si no se ha personado, es porque no lo ha estimado por conveniente, porque estaba citado él, no el señor que está enfrente de mí. Es el PP el que dice que no tiene nada que aportar. Entonces, que hubiera venido y me hubiera dicho que no podía informar de nada. Estaba citada esta persona, no se citó en términos generales. Y de manera unilateral, el PP decide que no se puede practicar la prueba porque no lo cree conveniente", zanjó.

La representación 'popular', invocando su supuesta "buena fe procesal", se remitió al escrito enviado al juzgado el pasado 18 de enero, hace apenas dos días, mediante el que señalaba que Núñez Feijóo "no tiene conocimiento de los hechos enjuiciados" puesto que no pudo intervenir en los mismos al ser presidente del PP desde el pasado mes de abril. Una argumentación que compartió el Fiscal, también en este caso, al considerar que debe comparecer "quien tiene conocimiento de los hechos", ya que no estaba citado como testigo sino como representante legal.