Huelga nacional y movilizaciones masivas contra uno de los planes estrella de Emmanuel Macron: la prometida e impopular reforma de las pensiones. Francia retrocede más de tres años, cuando en 2019 el Gobierno se enfrentó a multitudinarias protestas que trataban de tumbar lo que los sindicatos consideraban una «injusticia» para los trabajadores. Entonces, la presión fue máxima, pero no fue la razón por la que se paralizó el proyecto: la pandemia de coronavirus tuvo la culpa inicialmente y la crisis energética desatada por la guerra en Ucrania terminó diluyendo la iniciativa. Hasta ahora. 

La tensión vuelve, con un Macron que ha vuelto a presentar su reforma de las pensiones como el pilar sobre el que girará su segundo y último mandato -ganó las elecciones el año pasado con esta promesa como estandarte de la campaña-. Y, nuevamente, las calles muestran su más firme rechazo a los planes del Ejecutivo.

«Este año será el de la reforma de las pensiones, que busca asegurar el equilibrio de nuestro sistema en los años y las décadas por venir. Hace falta trabajar por adelantado», sostuvo el presidente en su discurso de Nochevieja, en el que se esforzó por presentar la medida como un «mal necesario» para evitar que el sistema «siga amenazado» si continúa como actualmente.

«Este será el año de las huelgas», le contestó el secretario general de la CGT, Philippe Martínez, que confió en que la presión de las calles vuelva a tumbar la aprobación de esta «ley injusta». «¡Buen año! Se va a calentar enero», auguró, por su lado, el líder de la oposición de izquierdas, Jean-Luc Mélenchon.

La iniciativa, que cuenta con un 68 por ciento del rechazo de los franceses, prevé retrasar la edad de jubilación de los actuales 62 años hasta los 64 -inicialmente estaba previsto alargarla a los 65, pero, con el ánimo de contar con el apoyo de los conservadores en el Parlamento, se decidió rebajarla un año-; con excepciones para las personas que comenzaron a trabajar antes de los 18 años y con un aumento de la cuantía de las pensiones mínimas.

El objetivo es, según el Gobierno, evitar un déficit cada vez más grande del sistema de pensiones, que alcanzaría los 100.000 millones de euros en menos de una década de seguir este camino. Aunque esa prolongación de la vida laboral es la principal medida -y también la más polémica-, el proyecto incluye eliminar los regímenes especiales de cotización, más ventajosos que el del sistema general y utilizado en su mayoría por los funcionarios, que lideran las protestas.

Eso sí, la reforma de las pensiones es solo la punta del iceberg de una indignación que ya se ha empezado a mostrar en las calles y que continuará visualizándose en las próximas semanas. A finales de 2022, los trabajadores sanitarios y parte del personal ferroviario convocaron huelgas que se prolongaron varios días. Y ahora los transportistas también avisan con un parón ante la imparable inflación.

Las protestas de esta semana se antojan como el inicio de unos meses plagados de reivindicaciones que auguran un invierno muy caliente para Macron.