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La grieta interminable

Maricruz Sánchez (SPC)
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Los últimos choques entre PSOE y Unidas Podemos evidencian la dificultad de mantener el equilibrio en un Ejecutivo con posturas antagónicas en algunas cuestiones de Estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), y el resto de miembros del Gabinete posan en la escalinata del Palacio de La Moncloa - Foto: EFE/Juan Carlos Hidalgo

El conflicto en Ucrania ha sido el último detonante del ya recurrente choque entre los socios del Gobierno de coalición. Una tensión a la que se ha tratado de restar importancia siempre desde Moncloa pero que aflora cada vez con más asiduidad, incluso en cuestiones de Estado, como es el caso del papel de España en la defensa de la soberanía territorial de la exrepública soviética ante la amenaza de Rusia.

Antes llegó la polémica por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad de la carne nacional, que hicieron pronunciarse hasta al titular de Agricultura, Luis Planas, en un intento por apaciguar la oleada de críticas de empresas y profesionales del sector.

Y, a su vez, esta controversia dio el relevo a otras discrepancias que aún persisten, como el apoyo de la formación morada a la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, o la falta de acuerdo en algunos aspectos de calado de la Ley de Vivienda.

Con este trasfondo, Pedro Sánchez trata de mantener el equilibrio en un Gobierno de coalición que sentó la bases de su continuidad en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, gracias al apoyo de otras fuerzas como ERC o el PNV.

Estos respaldos suscitan el recelo de la oposición, que denuncia concesiones a independentistas y nacionalistas por parte del líder socialista a cambio de mantener su liderazgo en una legislatura que ya ha superado su ecuador y que ahora afronta una nueva etapa, marcada por la inminente cita electoral en Castilla y León y, previsiblemente, en Andalucía. Una continuidad en La Moncloa que seguirá marcada por las grietas en la coalición.

 

Conflicto entre Rusia y Ucrania

La situación en Ucrania ha sido uno de los últimos puntos candentes entre los socios del Ejecutivo. El Gobierno se ha posicionado al lado de la OTAN y Estados Unidos, en lo que a la protección de la soberanía territorial de la exrepública soviética se refiere. Aunque la apuesta por el diálogo para lograr una desescalada militar en la zona es la máxima del Gobierno, Pedro Sánchez ya ha advertido de la compleja situación que plantea la amenaza de Moscú y avisado de que la postura de su Gabinete será la de respaldar a la Alianza en la defensa de la unidad de Europa. Así lo expuso también el titular de Exteriores, José Manuel Albares, en una comparecencia a petición propia en el Congreso el pasado martes. Desde Unidas Podemos la primera reacción fue recordarle al socialista que esta es la coalición del «no a la guerra», y afearle las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, normalizando el despliegue de tropas españolas en el Mar Negro, ya planificado pero adelantado en fechas dadas las circunstancias. La formación morada llegó a acusar a Robles de defender posturas similares a las que mantuvo el expresidente Aznar en materia militar en el conflicto de Irak, aunque luego rectificaron y matizaron su planteamiento, alentados según mantuvieron por un viraje en los planteamientos del PSOE para defender la paz. La polémica quedó en segundo plano con la incursión del líder de la oposición, Pablo Casado, que con una llamada telefónica rompió la falta de comunicación con Sánchez tras más de ocho meses de silencio entre ambos. Casado ofreció su apoyo al inquilino de La Moncloa, pero le exigió mantener a sus socios bajo el paraguas de un mismo discurso.

 

Garzón y la carne

Ríos de tinta hizo correr el choque entre los socios en el Ejecutivo de coalición surgido a raíz de unas polémicas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad de la carne española. Fueron muchas las voces en el seno del PSOE que criticaron públicamente las palabras del también coordinador federal de Izquierda Unida, por considerar que ponían en entredicho a un sector fundamental en la economía del país, así como a todos los profesionales y empresas que de él dependen. Hasta el titular de Agricultura, Luis Planas, afeó a Garzón que no lo llamara antes de pronunciarse en esos términos sobre una materia que, le recordó, escapa de su competencia. Finalmente, el PSOE se mantuvo fiel a su palabra y salvó con sus votos a Garzón de tener que comparecer ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso para dar explicaciones, como le reclamaba la oposición. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tachó de «lamentables» las apreciaciones del ministro. Garzón dijo sentirse respaldado por el jefe del Ejecutivo, pero desde Unidas Podemos le criticaron por «dar pábulo a las informaciones manipuladas por la derecha».

 

El pulso catalán

No solo el Govern que encabeza Pere Aragonès presiona a Pedro Sánchez para que clarifique la postura del Estado en la mesa de diálogo abierta en Cataluña, mientras defiende que cualquier acuerdo con el Gobierno central debe pasar por la amnistía a los presos del procés y la autodeterminación. También los socios de Sánchez en el Ejecutivo, Unidas Podemos, defienden el referéndum pactado como única vía para zanjar el conflicto catalán. Un extremo que colisiona frontalmente con la postura históricamente mantenida por el PSOE, que parte de la base de que todo acuerdo con la Generalitat debe estar dentro del marco de la Constitución. A estas distensiones se suman otros aliados de Sánchez, como ERC, y la presión del resto de fuerzas de la oposición. 

 

La Ley de Vivienda

La Ley de Vivienda parecía un asunto zanjado cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a la norma en primera lectura. Durante todo un año el PSOE y Unidas Podemos trataron de resolver sus discrepancias acerca de la fórmula para regular los alquileres y, finalmente, se llegó a un acuerdo que contempla límites de precios en zonas tensionadas para los grandes propietarios e incentivos fiscales para que los pequeños bajasen voluntariamente sus alquileres. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial maneja un informe en el que señala que la norma invade competencias autonómicas. Esto despertó la desconfianza de la formación morada, que no cierra la puerta a que los socialistas traten de suavizar la ley tras ello. El recelo es tal que la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha comenzado una ronda de contactos con movimientos y asociaciones en defensa del derecho a la vivienda digna,  con el objetivo último de presionar a su socio en el Ejecutivo.