«Que el árbol no nos impida ver el bosque», sentenciaba hace unos días la ministra de Igualdad, Irene Montero. «Los delitos de odio contra el colectivo LGTBI se han incrementado en un 43 por ciento en el primer semestre de 2021», añadía, para poner el foco sobre una lacra que esta pasada semana volvía a copar la atención mediática nacional, en esta ocasión por una falsa denuncia. Un joven de 20 años se declaró víctima de un brutal ataque homófobo en el madrileño barrio de Malasaña. Según su testimonio, ocho encapuchados lo asaltaron cuando entraba al portal de su casa y, mientras lo insultaban, le propinaron un corte en el labio y le marcaron la palabra maricón en el glúteo. Todo resultó ser una farsa para ocultarle la verdad a su novio -los hechos ocurrieron en el marco de una práctica sexual masoquista con otros dos hombres-, pero sirvió para movilizar a las autoridades. 

Antes de conocerse la nueva versión de lo sucedido, destapada gracias a la exhaustiva investigación policial y las presiones de los agentes sobre la falsa víctima, buena parte del debate político de la semana se centró en la presunta agresión y en el incremento de los delitos de odio, una realidad confirmada por las estadísticas oficiales. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, desde principios de año hasta finales de julio se habían registrado en España 748 incidentes susceptibles de ser considerados delitos de odio, la mayoría motivados por racismo o xenofobia.

De hecho, el Ejecutivo mantuvo la reunión de la Comisión de seguimiento del Plan de lucha contra los delitos de odio que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó de urgencia, a raíz de conocerse la supuesta agresión homófoba en Malasaña. 

El cambio de versión del joven no alteró los planes de Moncloa ni apeó de la agenda oficial el encuentro, después de que Sánchez mostrara públicamente su solidaridad con todos aquellos que sufren delitos de odio y comprometiera a su Gabinete para evitarlos.

«No habrá otra vez armarios. Lo que sí que habrá y hay es un Gobierno comprometido con la diversidad y que va a poner todos los medios para evitar los delitos de odio», sentenció durante su intervención en el Congreso ante la interparlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista.

Allí, el jefe del Ejecutivo avanzó además que la actualización del Plan de Acción contra los Delitos de Odio 2022-2024 tiene dos objetivos: adaptar a la actual situación los delitos de odio y adoptar los cambios pertinentes para que «aquellos grupos que quieren devolver el odio a las calles de España no tengan ninguna opción de poder conseguirlo».

La Comisión de seguimiento del Plan de lucha contra los delitos de odio está liderada por el Ministerio del Interior y en ella participan los representantes de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los responsables de las distintas administraciones implicadas y las asociaciones de colectivos.

«Sin duda estamos pagando las consecuencias del incremento del discurso de odio no solo en redes sociales sino también en instituciones y responsables de partidos», denuncia la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti García Rodrigo.

La idea del discurso del odio focaliza hasta ahora la única controversia política que subyace a este tema, pues todos los grupos condenaron de forma unánime la falsa agresión de Malasaña. Y también está asentada en el seno del Gabinete de coalición. Dos ministras de Unidas Podemos, la señalada Montero y la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, la enarbolan y arremeten contra el PP y Vox.

Problema latente

La última memoria de la Fiscalía General del Estado alerta del repunte en número y gravedad de los delitos de odio, con la orientación sexual y el racismo como motivos más numerosos.

El Ministerio del Interior apunta que las denuncias en este sentido aumentaron un 9,3 por ciento en el primer semestre del año (hasta los 610) con respecto al mismo período de 2019, el ejercicio anterior a la pandemia. En 2020, con tres meses de encierro, bajaron un 18 por ciento, pero los motivados en concreto por la orientación sexual o la identidad de género se mantuvieron en cifras similares a 2019.

Además, según un estudio publicado este año por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, la gran mayoría de las víctimas, en torno al 89 por ciento, no denuncia. «Dentro del colectivo por supuesto que hay miedo», asegura la vocal de delitos de odio de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Arantxa Miranda, destacando que, además de aumentar las agresiones, la violencia es «extrema». La federación considera urgente que se tramite la legislación estatal prometida para luchar contra la LGTBI-fobia, garantizar los derechos de este colectivo y «sancionar desde el nivel más bajo, una increpación en la calle al grito de maricón hasta el más alto». «Nos están matando», sentencian.