La actividad inmobiliaria se ha convertido en uno de los valores refugio en los que el dinero ha ido a parar durante las últimas crisis económicas. Tanto la derivada de la pandemia de la covid-19 como la actual arrastrada de la guerra de Ucrania y una inflación disparada han servido para volver a encumbrar a la compraventa de inmuebles como una de las actividades a las que la sociedad se agarra cuando el futuro se llena de incertidumbres. Unos movimientos de viviendas que, en buena parte, se destinan por parte de sus dueños a alquiler a terceros, con el consiguiente rendimiento mensual en forma de pago de los inquilinos. Alquileres cuya evolución, en un gran porcentaje, están vinculados a los designios del Índice de Precios al Consumo (IPC). Indicador que se ha convertido en el terror mensual de los estadistas y que, solo en Castilla y León, acumula un desfase del 11,6% en el mes de junio.
Un límite que no cruzarán las rentas de las casi 112.000 familias que viven de alquiler en la Comunidad después de que el Gobierno central diera luz verde el 29 de marzo a un límite del 2% en la actualización del importe mensual del pago que los arrendatarios abonan. Cuota que, en su conjunto, dejaron más de 634 millones de euros en las cuentas de los dueños de las viviendas de Castilla y León durante el año 2020, según se extrae de la Estadística de Declarantes del IRPF recién publicada por la Agencia Tributaria.
Sin embargo, de esos casi 650 millones, casi la mitad –el 48 por ciento– lo destinaron los arrendadores a cubrir los gastos de amortización del inmueble, a gastos de comunidad, primas de contratos, seguros, tributos o tasas. Gastos que, en su mayoría, son deducidos más tarde por los dueños a la hora de rendir cuentas ante Hacienda.¿Qué partidas se pueden deducir en el IRPF? Prácticamente todo: desembolsos por reparación y rehabilitación, suministros si van a su cargo, los intereses del préstamo hipotecario, los seguros y los principales tributos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o el recibo municipal de la basura.
Descontado todo esto, el rendimiento neto real que los alquileres reportaron a sus dueños en Castilla y León durante el año 2020 fue de 321,5 millones de euros según los datos de la Agencia Tributaria. Un negocio que, no obstante, sintió el impacto de la crisis del coronavirus, ya que el ejercicio anterior –2019–, los arrendadores ingresaron 380 millones de euros 'limpios' de un total de casi 700 íntegros. También es cierto que ese año hubo más viviendas en alquiler, unas 135.000, casi 20.000 más que en el ejercicio de estudio.
¿Cuanto al año?. El informe de la Agencia Tributaria también desvela cual es la cuantía media que los castellanos y leoneses abonan anualmente en concepto de renta. En total, durante 2020, la media regional rondó los 5.800 euros, lo que supone unos 485 euros cada mes. Cifras que ubican a la Comunidad entre las más 'asequibles' de toda España junto a otras habituales compañeras como Aragón (5.791 euros), Asturias (5.744), Galicia (5.721), La Rioja (5.621), Murcia (5.343) o Extremadura (5.341).
En el extremo opuesto se encuentran regiones como Madrid o Cataluña, donde los dueños de viviendas ganaron más de 2.500 millones de euros 'limpios', ocho veces más que en Castilla y León.Una extrema diferencia que se explica en los precios medios que tienen que pagar anualmente los inquilinos de estas zonas.
La vecina comunidad del sur lidera la clasificación nacional con 9.463 euros al año, casi 800 euros al mes de media. Baleares, espoleada por el turismo y las casas de verano, se cuela como segunda en la clasificación con 9.418 euros anuales pagados en concepto de alquiler, mientras que Cataluña cierra el podio con 8.800 euros, unos 730 al mes de media.