Justo cuando se va a cumplir un mes desde que el Supremo confirmara las condenas a los principales implicados en el caso de los ERE en Andalucía por el uso irregular de las subvenciones autonómicas, con nueve años de inhabilitación para el expresidente Manuel Chaves por prevaricación y seis años de cárcel para su sucesor, José Antonio Griñán, por prevaricación y malversación, ayer se supo que la familia de este último presentará en breve la petición de indulto parcial.
Al parecer, la mujer de Griñán, María Teresa Caravaca, y su hijo, Manuel Griñán, alegarán su «intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la democracia». También que a lo largo de 40 años dedicados al servicio público «jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo de funcionario», según adelantó un periódico digital que tuvo acceso al borrador de la solicitud.
Así se pretende evitar la entrada en la cárcel del que también fuera presidente del PSOE y contará con la firma de apoyo de, entre otros, los expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, para el que colaboró como ministro de Sanidad (1992-1993) y Trabajo (1993-1996).
La intención de la familia de Griñán es presentar la solicitud del indulto tras la publicación de la sentencia del Supremo (parece que es inminente), de la que hasta ahora solo se adelantó el fallo.
Para defender el perdón, el escrito esgrime que se da «una falta de proporcionalidad de la sanción», que la tramitación de la causa se ha extendido por un «largo periodo de tiempo» y que la notificación del fallo del Supremo sin tener acceso a la sentencia para ver los motivos le somete «a una condena pública frente a la que en puridad no puede dar respuesta».
Una vez conocida la noticia, todos los ojos se pusieron en La Moncloa, pues es el Gobierno el que concede los indultos. La portavoz, Isabel Rodríguez, se limitó a señalar que en el caso de que la petición fuera elevada al Ejecutivo, esta se estudiaría «con rigor, como se hace en todos los casos».
No obstante, dio pistas:«El fallo judicial contra Griñán deja constatado que no se llevó ni un solo euro, ni para él ni para su partido». De hecho, la socialista atizó al PP: «Hay una distinta vara de medir en los populares, que hoy ocupan despachos pagados con dinero negro».
Desde el PP, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, defendió que no tiene «ningún interés personal ni político» en ver en la cárcel «a un líder del PSOE, exministro y exjefe de la Junta de Andalucía», pero reprobó que Ferraz esté «cocinando» desde el Gobierno el indulto «sin hablar» con los populares ni dar explicaciones a los españoles.
«Puedo entender que la situación de Griñán puede ser dramática desde el punto de vista familiar, pero el caso de los ERE de Andalucía es el de mayor importancia en los 44 años de democracia en España, puesto que se está hablando de una malversación de 700 millones». A su juicio, lo que está sobre la mesa es «un supuesto de enorme trascendencia penal, política y democrática».
Por otra parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, expresó que no le preocupa lo que pida la familia de Griñán, sino lo que vaya a hacer el Gobierno:«Espero que no tenga la poca vergüenza de indultar a quienes han participado en la peor trama de corrupción porque sean sus colegas de partido».