La actualización  del Código Ético y de Austeridad de los altos cargos de laJunta de Castilla y León, que mantiene la prohibición de recibir ningún tipo de regalo ni beneficio de cualquier naturaleza, pero incluye como salvedad «las muestras de cortesía habitual, objetos conmemorativos, oficiales o protocolarios», enfrentó ayer alGobierno regional y la oposición, que evidenciaron sus posturas enfrentadas en esta materia. «Es una mera subsanación de errores», defendió el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, que acudió a la Comisión de Presidencia de las Cortes para detallar los cambios del documento. Unas explicaciones que no parecieron servir a la oposición parlamentaria, que lamentaron que se trata de «una regresión y una vuelta al pasado», llegando incluso, en el caso del PSOE, a pedir un cambio en la composición de la Comisión de Ética Pública para ganar en «imparcialidad» . 

«No vean más donde no hay más», les rebatió el consejero de la Presidencia, que aseguró que las modificaciones presentadas, y aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 6 de octubre, solo «actualizan» el Código Ético de los altos cargos de la Comunidad para «eliminar una contradicción y una dispersión normativa», mientras que refuerzan la adhesión al mismo con la presentación de un documento por parte de los altos cargos en su registro de bienes y actividades.

Defendió además que el Código Ético de Castilla y León está «en los más altos estándares de exigencia», y que la actual modificación representa «el compromiso de cumplimiento del Código Ético por parte de la Junta». Por último, el consejero realizó una reflexión sobre si «es ético y relevante ocuparnos de estas cosas cuando tenemos en ciernes la modificación de la sedición, la imposición de la ley trans o leyes que deseducan como la del 'solo sí es sí'».

Desandar lo andado

Desde la oposición se cargó duramente contra la propuesta de cambio, por ser «una regresión» y una vuelta «al pasado» al «desandar lo andado» con un documento que «no responde a las necesidades y expectativas en materia ética de un Gobierno» para hacer cumplir una «ejemplaridad» que «no se está cumpliendo en muchos casos y por parte de algunos altos cargos». El socialista Luis Briones pidió, entre otras cuestiones, que el Código Ético tenga «rango de ley» y que la Comisión de Ética Pública que dilucida los posibles incumplimientos sea «imparcial», dado que actualmente está conformada por técnicos pero también por «miembros del propio Gobierno» que valoran los posibles incumplimientos de sus compañeros en el Ejecutivo. El procurador de Cs, Francisco Igea, por su parte, defendió que «la la reforma del Código Ético llega para abrir las cestas de Navidad de los altos cargos en la Junta de Castilla y León».