La atención a la dependencia sumó a 873 personas más durante el pasado año en la provincia de Ávila. Esto significa, según los datos hechos públicos por la Junta de Castilla y León, que en Ávila ya se atendía a 8.723 personas al cierre de 2019 cuanto justo un año antes esa cifra era de 7.850, es decir, se ha producido un aumento de algo más de un once por ciento.

Estas personas atendidas acumulan además un total de 11.184 prestaciones (10.151 un año antes) teniendo en cuenta que cada dependiente puede tener más de una prestación, según sus necesidades. Por ejemplo, una persona puede tener derecho a teleasistencia y también a ayuda a domicilio.

En el caso de Ávila, de las 8.723 personas dependientes con prestaciones reconocidas, 2.537 tienen su domicilio en el municipio de Ávila y 6.186 en el resto de localidades de la provincia, lo que quiere decir que la atención se centra especialmente en el medio rural.

Esto es algo habitual en esta estadística, como también lo es el alto porcentaje que se presenta en cuanto a la llegada de las prestaciones a las personas que tienen derecho a ello. Los últimos datos indican que en Ávila el 98,5 por ciento de las personas con derecho a prestaciones ya las reciben (al cierre del año había 133 pendientes de ello). Esto quiere decir que se recibe en un porcentaje superior en casi 18 puntos a la media nacional, que está un poco por encima del 80,5 por ciento.

Respecto a la utilización de las prestaciones reconocidas, se mantiene la tendencia, o incluso sube de forma muy ligera, de la decisión de optar por prestaciones relacionadas o directas de servicios, más allá de las económicas. Es en un 81,01 por ciento de los casos cuanto se opta por los servicios mientras que las prestaciones económicas por cuidados familiares (2.123) están por debajo del 19 por ciento.

El relación a estos servicios, es cierto que hay también una parte que supone aportación económica, en concreto la prestación que se concede vinculada directamente a un servicio y que es precisamente la opción más demandada, con 3.534 ayudas, un 31,6 por ciento del total. Lo mismo sucede con la prestación económica de asistencia personal, con 182 casos.

Ya como servicios en sí, la ayuda a domicilio sigue estando en cabeza con 2.222 prestaciones, un 19,87 por ciento del total. A ello se unen quienes optan por prevención a la dependencia y promoción de la autonomía personal, teleasistencia, centros de día o noche y atención residencial, en todos los casos por debajo del nueve por ciento.

En relación con las personas reconocidas como dependientes severos y grandes dependientes, grados II y III, los datos del Imserso señalan que, en el mes de diciembre, en Castilla y León se atendió al 99,04 por ciento de las personas que tenían reconocido dicho grado. Esto supone que, mientras en el conjunto del país la lista de espera es del 12,34 por ciento, en Castilla y León no llega ni al uno por ciento.

En el caso del Grado I, los datos indican que la Comunidad ya había incorporado al 97,52 por ciento de los dependientes, lo que también supone estar muy por encima de la media nacional, que aún no alcanza el 66,5 por ciento.

Con la clasificación en grados se mide el nivel de dependencia de cada persona. De esta forma, el Grado III es el correspondiente a gran dependencia, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. 

El grado II, denominado de dependencia severa, es cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.

Y el grado I es la dependencia moderada, es decir, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.