Unas cuentas de récord con 13.809 millones de euros para responder a las «necesidades» de las familias y empresas de Castilla y León, y hacer frente a las «incertidumbres» que anidan sobre la economía regional. «Menos impuestos, más familia, y más servicios sociales». Un mantra que se convierte en la clave de bóveda de los primeros presupuestos del Gobierno de coalición de PP y Vox que este jueves presentaron el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y el vicepresidente, Juan García-Gallardo, escoltados por el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo. Casi 8.500 millones de euros solo para Sanidad, Educación y Servicios Sociales; 1.000 para inversiones reales; dos mil para ayudar a las familias; y 2.534 para dinamizar la actividad económica son las grandes cifras de unas cuentas que vienen impulsadas por los casi 2.000 millones de euros recibidos de Europa, y que nacen para «seguir construyendo el futuro de Castilla y León».
«Son unas cuentas adaptadas a la realidad que vivimos y que nos permitirán generar oportunidades para esta tierra con más economía y más empleo», resumió Fernández Mañueco para referirse a los que serán sus segundos presupuestos como presidente autonómico –terceros si se cuentan los fallidos de 2022–, y cuyos ejes principales desgranó personalmente, dejando para su número dos los apartados vinculados a las consejerías de Vox.
La ofensiva tributaria pergeñada por la Junta se materializa en estas cuentas para 2023 con un notable aumento de los beneficios fiscales, que dejarán 600 millones de euros en los bolsillos de las familias y empresas durante el próximo año. Cuantía que supone un incremento del 60% respecto a los poco menos de 400 millones que fijaba el PGC de 2021, y que pondrán especial énfasis en el apoyo a las viviendas, el acceso a la vivienda y el fomento del empleo.
«Somos una Comunidad con una fiscalidad muy positiva, tanto en el medio rural, como para las familias, los jóvenes, o el apoyo a la adquisición de viviendas», explicó Fernández Mañueco, que cifró en 478.000 los contribuyentes que se beneficiarán de estas medidas, como la reducción del tramo autonómico del IRPF, deducciones para el medio rural, congelación de tasas, o bonificaciones para empresas de transporte y veterinarios.
(I a d) Juan García-Gallardo, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Fernández Carriedo, a su llegada a la Sala de Mapas. - Foto: M. Chachón (Ical)Familias numerosas
No obstante, fue el vicepresidente, el encargado de anunciar una medida desconocida hasta el momento, y que pone la mira en las familias numerosas. Y es que la Junta elevará un 20 por ciento las deducciones fiscales en el IRPF a las 31.000 familias numerosas de la Comunidad, con lo que «no van a pagar ni un solo euro en el tramo autonómico» del impuesto. «Son los presupuestos del apoyo a la familia y la natalidad», esgrimió García-Gallardo, que se aventuró a afirmar que las cuentas de Castilla y León para 2023 son «las más ambiciosas que ha tenido una comunidad en España durante la democracia».
Un repliegue fiscal que choca con la previsión de la Junta de recaudar casi 850 millones con tributos propios, un 20% más. «Esto demuestra que con menos impuestos se puede recaudar más», explicóCarriedo, que no quiso entrar al detalle concreto, aunque desveló que se sostienen sobre el repunte de transmisiones patrimoniales y actos juridicos documentados.
(I a d) Juan García-Gallardo, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Fernández Carriedo, a su llegada a la Sala de Mapas. - Foto: M. Chachón (Ical)En cualquier caso, tanto presidente como vicepresidente hicieron hincapié durante los noventa minutos que se extendió la presentación en que las familias, el medio rural, y el reto demográfico serán un 'leitmotiv' transversal para todas las consejerías y políticas. Desvelaron además que las cuentas contarán con un anexo específico de lucha contra la despoblación.
Austeridad
La presentación de los presupuestos autonómicos también sirvió para 'resucitar' el término «austeridad», que durante los años más duros de la anterior crisis llevó por bandera el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera. En esta ocasión fue García-Gallardo quien lo recuperó para destacar que, junto al «pragmatismo», han sido los carriles sobre los que ha circulado la elaboración de las cuentas. «Esto nos sirve para enviar un mensaje de estabilidad y certidumbre en un momento como este».
La congelación del sueldo de los altos cargos de la Junta y de las Cortes, el descenso de la emisión de deuda –de 1.916 a 1.490 millones de euros–, y del déficit público –pasa de 633 a los 205,12 millones– suponen un «enorme esfuerzo presupuestario» que marca el «camino hacia el superávit». No obstante, la partida destinada a hacer frente al pago de la deuda pública seguirá siendo la 'tercera consejería' con más fondos de Castilla y León, al requerir casi 1.500 millones.
Adelanto de las partidas
A la espera de que este viernes se conozca el detalle, partida a partida y provincia a provincia, de las cuentas autonómicas del próximo año, Fernández Mañueco quiso desgranar algunas de las medidas destinadas a «garantizar la calidad de vida y el bienestar de los castellanos y leoneses». Enumeró en este punto los 426,63 millones para formación; los 438 para programas de I+D+i; 51,5 para la competitividad energética; 85,24 para turismo y comercio; o 126,29 para la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural.
Dentro del ámbito sanitario, 1.538 millones irán para atención primaria, y 2.783, para especializada. La educación escolar, FP dual y universitaria absorberá 2.538,86 millones; 433,60 serán para el funcionamiento de las universidades, y 16 para el programa de gratuidad de libros. 275,35 millones van para prestaciones y centros residenciales y de envejecimiento activo, y 191,66 para atención a personas con discapacidad.También se conoció que la violencia intrafamiliar contará con 500.000 euros para «dar a conocer esta lacra».
Ahora le toca a las Cortes autonómicas marcar los ritmos de la tramitación de los presupuestos, que tendrán que pasar por las comisiones y la Cámara para su debate y posterior aprobación –que previsiblemente será a mediados de diciembre–, con la esperanza de que el 1 de enero de 2023 estén en vigor. «Calendario hay», resumió el presidente.