Nuevo órdago independentista a los tribunales. La consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, aseguró ayer que las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas estudiarán si los presos que cumplen condena por el 1-O pueden seguir con su confinamiento en sus casas debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, algo que hace 12 días fue negado por Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar por parte de la Justicia. El Tribunal  Supremo advirtió al Govern que la salida de los líderes independentistas por la pandemia podría enmarcarse en un delito de prevaricación por el que podrá exigirse responsabilidad penal.

En una nota remitida por su gabinete de prensa, el alto tribunal señala que en el caso de que la Junta de Tratamiento de las cárceles donde se encuentran los presos de la causa del procés acuerde su excarcelación para cumplir el confinamiento en sus respectivos domicilios, ese órgano se dirigirá a cada de esas juntas de régimen general y al director o directora de los centros respectivos para que a la mayor brevedad expliquen el fundamento jurídico que justifica esa decisión e identifiquen de forma nominal a los funcionarios que han apoyado ese acuerdo.

«Ello se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación», añade la nota. 

Para evitar la propagación del virus en las cárceles, una orden del Ministerio ya prohibió los permisos y las comunicaciones con los internos, aunque potenciando las llamadas telefónicas en compensación. Las salidas por el artículo 100.2 quedaban reguladas a las restricciones del real decreto.

Por su parte, desde la Consejería de Justicia se informó entonces que los políticos independentistas seguirían los consejos sanitarios. Es decir, que no saldrían a trabajar ni a ejercer voluntariado.

Según concretó Interior, cualquier decisión que se adoptara en el sentido de autorizar a internos en centros ordinarios clasificados en segundo grado con un programa de tratamiento individualizado (artículo 100.2) para que pasen a residir en sus domicilios «no cuenta con soporte legal alguno, salvo que sea aprobada judicialmente».

Por su parte, la consellera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, lamentó la advertencia del Supremo sobre este asunto e ironizó sobre su postura.