Debo confesar que me encuentro con alguna dificultad para entender las claves con las que desarrollan algunos aspectos de la política en la actualidad, aunque supongo que la culpa es mía, quizá por no hacer el esfuerzo suficiente para situar los acontecimientos en su contexto. Cosa de la edad, probablemente. El caso es que sigo con interés la actualidad y me veo un tanto sorprendido por la técnica con que se negocia el presupuesto, o por mejor decirlo, con que se negocian los votos necesarios para sacarlo adelante.
Veamos: ERC puso sobre la mesa desde el principio la reserva de una cuota en catalán en la producción audiovisual, aunque ahora, una vez recaída la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a garantizar un mínimo del 25% de la enseñanza escolar en castellano, no estoy seguro de que se añada algo de esta cuestión en la fase aún pendiente; Bildu introdujo en la negociación la extensión a toda Navarra de la programación infantil en euskera; el PNV, parece que de forma menos visible, anda sugiriendo que el soterramiento del AVE en Bilbao y la escisión de la denominación de origen del vino la Rioja alavesa de lo que hasta ahora ha sido una denominación única, allanaría el camino. No sé si aún crecerán las respectivas plataformas reivindicativas, pero considero suficientemente significativo lo conocido para fundamentar una reflexión particular.
No juzgo el hecho de que cada una de esas reivindicaciones puedan tener sentido, vistas en su lugar y en su momento. Tampoco juzgo la necesidad de obtener los apoyos suficientes para la aprobación de los presupuestos, tal como está configurado el mapa político y parlamentario. Lo que juzgo es la coherencia de esa práctica: se están negociando los presupuestos generales del Estado para 2022; subrayo: generales y del Estado; unos presupuestos que deben servir en Cantabria, en Murcia, en Extremadura y en Castilla y León, porque deben responder al interés general. Entendería que se negocien prioridades, mejor dotación para las partidas más sociales que para otras, más atención a necesidades colectivas. No entiendo tan bien que el interés general quede sometido a reivindicaciones parciales extrapresupuestarias. Eso es todo.