Las Cortes de Castilla y León aprobaron este miércoles en el pleno una Proposición No de Ley para exigir al Gobierno la aprobación «de forma inmediata» de ayudas económicas y medidas fiscales para la zona afectada por el incendio que asoló más de 22.000 hectáreas de la Sierra de la Paramera «en cuantía igual a la comprometida por la Junta de Castilla y León», cifrada por el procurador proponente, el popular Miguel Ángel García Nieto, en 2,7 millones que «están siendo ejecutados» y otros 25 millones comprometidos en diez años.

La propuesta del Partido Popular salió adelante con el voto favorable de sus propios procuradores y de los representantes en las Cortes de Ciudadanos, UPL, Por Ávila y Vox, además de la procuradora no adscrita María Montero, mientras que se abstuvieron los miembros de PSOE y Podemos, con la excepción del socialista Diego Moreno que votó en contra de la iniciativa popular.

En su exposición, García Nieto recordó que desde la PNL presentada de manera conjunta por PSOE y PP en el pleno del 7 de septiembre para instar a Gobierno y Junta a poner las medidas necesarias para paliar los efectos del incendio, el Ejecutivo autonómico destinó 2,7 millones de euros para el abastecimiento de agua, alimento para el ganado y obras de emergencia para contener el arrastre de ceniza, así como para la rehabilitación de caminos, además de anunciar una inversión de 25 millones de euros en diez años para la zona y de asegurar el cobro de las ayudas de la PAC para los ganaderos afectados.

«Una respuesta rápida y efectiva», según la calificó el procurador del PP, que contrapuso a esta las obras de emergencia aprobadas por el Consejo de Ministros que se tradujeron en cantidades que no alcanzan el millón de euros: «Ese es el compromiso del Gobierno socialista y el valor de la palabra de su presidente», afeó García Nieto a los procuradores socialistas.

Por ello, y tras confrontar el «modelo Mañueco, que cumple con sus compromisos, actúa inmediatamente con actuaciones de emergencia y empeña su palabra en un plan de recuperación de la zona afectada por el fuego» con el «modelo Sánchez-Tudanca, que aparece cuando está apagado el fuego para hacerse la foto y comprometerse a ayudar con medios que se convierten en cantidades irrisorias y humo», el procurador popular concluyó pidiendo al Gobierno «que haga lo que Mañueco y responda en la misma proporción de fondos» que la Junta de Castilla y León.

informe de daños. Respondió al discurso popular el procurador socialista Eugenio Miguel Hernández Alcojor, que ironizó sobre la postura de los representantes de las formaciones en el Gobierno autonómico de coalición al calificar «dos millones de euros como el infinito y un millón como algo paupérrimo», señalando que la propuesta popular de este miércoles «obedece más bien a una actitud tendenciosa y tóxica para confundir a la población y correr una cortina de humo que tape los errores cometidos en la extinción del incendio».

Y es que Hernández Alcojor recordó que «el ámbito competencial en materia de extinción de incendios corresponde a la Junta de Castilla y León» y defendiendo que el Gobierno «ha estado en todo momento al lado del resto de administraciones», tanto para la propia extinción del fuego con como la declaración de zona catastrófica para permitir «la concesión de ayudas a particulares y municipios y la posibilidad de ampliar medidas fiscales» de apoyo a los afectados.

«Para que todo eso pueda ser posible, se necesita un informe exhaustivo de la Junta para la evaluación de los daños», continuó explicando Hernández Alcojor, que afeó al Grupo Parlamentario Popular que «se lancen a solicitar al Gobierno una cuantía sin un informe que lo avale e incumpliendo lo pactado en septiembre» y asegurando que el PSOE será «el primero en solicitarlo al Gobierno cuando estén los informes».

Una solicitud que sí hicieron efectiva ayer, con su voto favorable a la PNL, los procuradores de Ciudadanos, Vox y Por Ávila. La representante en el debate de la primera de estas formaciones, Blanca Negrete, agradeció a la Junta las medidas para «dar pasos en las líneas que reclamábamos» y pidió al Gobierno una mayor inversión porque el millón de euros concedido hasta ahora «no cubre ni la repoblación de menos de 3.000 hectáreas» de la zona afectada.

Por su parte, Pedro Pascual, de Por Ávila, aseguró que a los vecinos afectados «les da igual de donde vengan las ayudas, pero quieren que lleguen y cuanto antes», por lo que pidió «mayor flexibilidad para otorgarlas y simplificar su tramitación», mientras que Vox, a través de su procuradora, Fátima Pinacho, solicitó a PSOE y PP que «dejen de tirarse los trastos a la cabeza» y pongan «todos los medios para evitar que se vuelva a dar una situación de este tipo».