El Pleno de la Diputación de Ávila celebrado este lunes aprobó con el voto a favor del PP, Cs y Por Ávila, y en contra del PSOE, una moción presentada por los populares en la que instan al Gobierno de España a dar marcha atrás con la nueva ley educativa, conocida como Ley Celaá.

En el texto de la propuesta se reclama desde la institución provincial al Ejecutivo de Pedro Sánchez «volver al Pacto Constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad».

El respeto y cumplimiento del artículo 27,3 de la Constitución que garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones; la adopción de medidas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación, la extensión de la gratuidad a las etapas de Bachillerato y Formación Profesional y la configuración de la Educación Infantil como una etapa voluntaria y gratuita, también figuran en la moción aprobada.

De igual forma se pide que se garantice la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red público como privada concertada; que se incorporen medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro entorno; que se respeten los cuerpos nacionales del profesorado con un sistema de selección, formación y carrera profesional  para los docentes;y que se implanten medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades, tales como la creación de un Fondo de Cohesión Territorial, el refuerzo de la alta inspección educativa, la implantación de una prueba general de Bachillerato única en toda España y de un Plan de Evaluación General del Sistema Educativo de periodicidad trienal, y el diseño de un currículo común en toda España que represente el 65% de las enseñanzas comunes en aquellas Comunidades sin lengua cooficial y el 55% en las que tengan lengua cooficial.

Además, se insta al Gobierno desde la Diputación de Ávila a avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo con un plan integral , la incorporación de la obligatoriedad del aprendizaje de una segunda lengua extranjera, el refuerzo y modernización de la formación profesional dual adecuándola a las necesidades del modelo productivo y la incorporación a la legislación básica de un plan de emergencia educativa para situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves.

También contempla la propuesta aprobada el apoyo al recurso de insconstitucionalidad anunciado por el PP contra la LOMLOE y se da traslado de la misma al presidente del Gobierno, la ministra de Educación y los portavoces de los grupos políticos en el Congreso.

En su debate en el Pleno, el PSOE justificó su oposición a esta moción, según expuso su portavoz, Pedro Muñoz, en que aún reconociendo que su tramitación podría haber sido «menos atropellada», no hay, a su juicio, un incumplimiento del artículo 27 de la Constitución que justifique la presentación de un recurso de inconstitucionales. Además señaló que «lo importante es que haya una educación pública pujante, porque la oferta de la concertada, a parte de la capital, solo llega a tres municipios de esta provincia».

Tanto PP como Cs y Por Ávila coincidieron en señalar que la ley educativa es una «cesión» del Gobierno por el apoyo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. A ello, desde Por Ávila sumaron la crítica a los dos partidos que han gobernado en España por «utilizar como arma arrojadiza e ideológica» la educación.

Por otro lado, también se aprobaron por unanimidad mociones para garantizar la planta de sucursales de entidades bancarias en los pueblos de Ávila, la defensa del sector remolachero-azucarero y el favorecimiento de la implantación de nuevas oportunidades de generación de energía limpia en la provincia, y se dio lectura a una declaración institucional en la que todos los grupos políticos representados en el Pleno manifestaron unánimemente su rechazo a las actuaciones llevadas a cabo por las confederaciones hidrográficas del Duero y del Tajo, consistentes en la revocación de las autorizaciones de vertido a los municipios de la provincia de Ávila de 500 a 2.000 habitantes equivalentes.

Otros asuntos. En respuesta al escrito de Por Ávila en el que solicitaba el análisis de la legalidad del anterior Pleno, que por motivos técnicos no pudo seguirse en directo via streaming, la Junta de Castilla yLeón contestó, tras estudiar el asunto, que «no se observa causa de nulidad».