Sindicatos y Junta arrancaron la negociación de la aplicación de las 35 horas, medida que, según anunció en febrero el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, comenzará a aplicarse el 1 de junio. En la primera toma de contacto, CSIF, UGT y CCOO exigieron a la Administración autonómica la vuelta a la situación que existía antes del recorte en 2012, así como el mantenimiento de derechos adquiridos en los últimos años como la flexibilidad o las horas compensatorias de los docentes, según informa Ical.
Representantes sindicales se reunieron ayer con el viceconsejero de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano, Indalecio Escudero, y con el director general de Función Pública, Francisco Raedo, lo que se completó con reuniones de tres mesas sectoriales. El viernes se celebrará la Mesa general de negociación de empleados públicos.
Tanto el presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, como el secretario autonómico de la FeSP de UGT, Tomás Pérez, y la coordinadora del Área Pública de CCOO, Ana Fernández, advirtieron que no están dispuestos a llegar a cualquier acuerdo y aseguraron que estarán vigilantes al incremento de contrataciones ya que no pasarán por «trabajar más en menos tiempo».
Castro aseguró que CSIF reivindica volver al estatus que tenían en 2012, «sin trampas ni sorpresas», y advirtió que vigilarán la contratación para el refuerzo de plantillas. A su vez, indicó que en los primeros borradores aparecen puntos de desacuerdo y lamentó que «se olviden» de las horas compensatorias en educación, o de la flexibilidad horaria en la Administración General, además de criticar que pretendan que los sábados sea jornada ordinaria en sanidad.
Por su parte, Tomás Pérez destacó que lo más importante es que la aplicación de las 35 horas se regulará mediante un decreto ley, por lo que ya no se volverá a la situación de 2019, cuando no se aplicó el acuerdo firmado. Además, recalcó que las 35 horas no es un derecho nuevo, «estamos ante la devolución de lo que se nos quitó».
Por último, Fernández indicó que debe haber una negociación real, «dado que el principal defensor de las 35 horas está siendo el propio presidente de la Junta». Además, recalcó que el objetivo es volver a la situación anterior al recorte, pero respetando las mejoras logradas en los últimos años.
Por otro lado, el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, defendió el compromiso de la Junta para aplicar las 35 horas, lo que demostrará que «con un poco menos tiempo de trabajo» se puede mantener la calidad del servicio».