Nuevo (y esperado) capítulo en la crisis interna del PSOE de Ávila, con una reunión de la Ejecutiva Provincial socialista celebrada en la tarde-noche del miércoles en la que se decidió iniciar el procedimiento sancionador a seis diputados de este partido que no acataron el cambio de portavocía en la Diputación de Pedro Muñoz a María de los Ángeles García Salcedo.
Esta decisión que en su día tomó la Ejecutiva Provincial del PSOE llegó envuelta de polémica y dentro de la guerra abierta por dos partes del partido, la encabezada por Pedro Muñoz, portavoz en la Diputación, y la de Jesús Caro, secretario general del PSOE en Ávila. Una polémica que tuvo su arranque en las últimas primarias, las que llevaron a renovar a Caro en el cargo tras enfrentarse a Leticia Sánchez, la candidata apoyada por Muñoz y otra de las diputadas sancionadas. Tras esa elección, Muñoz y Sánchez denunciaron que había habido un fraude en las afiliaciones en la agrupación de la Moraña y el caso terminó, y allí sigue, en los tribunales. En este contexto abierto también está la petición por parte del grupo socialista en la Diputación, encabezado por Muñoz, de información sobre el trabajo de asesoría que realizaba el entonces secretario de Organización, Juan José Pizarro (que acaba de dejar el cargo, según se dijo, por motivos personales), en especial al entender que no se había asesorado, a pesar de pedirlo, al alcalde de San Juan del Molinillo. Entonces llegó el cambio de portavoz en la Diputación Provincial que no fue aceptado por seis de los ocho diputados, una decisión que se ha incluido, pidiendo una medida cautelar para su paralización, en la causa judicial abierta por las Primarias.
Cuando se conoció que los diputados no aceptarían la orden de la Ejecutiva se anunció que se les abriría un expediente disciplinario por una falta muy grave que puede terminar en la expulsión y eso es precisamente lo que sucedió este miércoles en una nueva reunión de la Ejecutiva, en la que también se ratificó a la actual vicesecretaria general, Yolanda Vázquez, como nueva secretaria de Organización en sustitución de Juan José Pizarro.
Según fuentes socialistas, en principio, tras el paso dado ayer por la dirección del PSOE abulense, se llega a la Federal, donde se tiene que abrir una audiencia para escuchar las alegaciones y llegar a una resolución.
Tras la reunión de este miércoles, la Ejecutiva emitió una nota de prensa en la que se calificaba la decisión de abrir expediente sancionador como un «paso doloroso», pero inevitable a causa del «incumplimiento de las normas estatutarias» por parte de los expedientados. En la citada nota de prensa, los integrantes de la dirección socialista afirman que «han decidido iniciar el procedimiento sancionador a los diputados provinciales de la formación que, liderados por Pedro José Muñoz, han contravenido las normas y directrices del máximo órgano de decisión del Partido Socialista de Ávila».
Mamen Iglesias, portavoz de la Ejecutiva Provincial, ha querido dejar claro que «nadie puede estar por encima de nuestras normas, nuestras siglas y nuestra historia, para bien y para mal». Desde la dirección del partido en Ávila se admite que «los militantes que discrepen están en su derecho de acudir a la Justicia, pero se recuerda que cuando otros compañeros perdieron un Congreso Provincial acataron las decisiones de la mayoría, siguieron trabajando lealmente y en ningún caso tensaron el partido para conservar sus posiciones». Iglesias, en dicha nota de prensa, ha reiterado que la Ejecutiva cumplirá y ejecutará las resoluciones judiciales que en su momento se tomen «y mientras tanto ejercerá sus responsabilidades». También ha pedido a sus compañeros «que recapaciten y actúen con la lealtad que merece el Partido Socialista».
De igual modo, la portavoz matiza que no hay intención «de castigar a nadie sino dar continuidad a esta nueva etapa». «Todo el mundo puede entender que quien ha menoscabado públicamente la imagen del partido desde el comienzo de las primarias no puede gozar de la confianza necesaria para llevar a esta labor», apostilla. «No estamos para estas luchas internas, sino para resolver los problemas de los abulenses en defensa de lo público y en un momento crítico como es la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania», añade Iglesias.
La portavoz socialista habla de un año decisivo por delante, en alusión a las municipales del 2023, para mejorar en votos y planificar una política «que mejore la vida de los ciudadanos y defienda sus derechos y libertades».
declaraciones de Muñoz. Antes de que trascendiera públicamente que se iba a celebrar esa reunión de la Ejecutiva, Pedro Muñoz habló a la prensa, sin entrar a valorar la decisión de Pizarro de dejar el cargo de Organización y el de asesor. Insistió en que lo que pretendían con su sustitución como portavoz es llegar a la expulsión de los diputados, especialmente Leticia Sánchez y él mismo, y también que no obtuvieran las explicaciones que habían pedido sobre la labor de asesoría, que es un trabajo que hace el partido a través de un convenio que se firma con el grupo de diputados socialistas y por el que se paga. De la petición de explicaciones, dijo, solo han obtenido «un escrito de hoja y media» en el que pone que se ha asesorado en más de 40 expedientes, pero seguirán insistiendo para tener más datos. Recordó que el alcalde de San Juan del Molinillo lo es de un «pueblo pequeño con muy pocos recursos que no tiene que detraerlos» para el proceso en el que pidió apoyo porque para eso está el asesoramiento del PSOE que es para alcaldes y concejales.
Muñoz cree que con la apertura de los expedientes se conseguiría lo que pretenden, esa expulsión de Leticia Sánchez y Pedro Muñoz, porque son los que pusieron «la demanda judicial porque una vez que nos expulsen del partido dirán en el proceso judicial que hay una pérdida sobrevenida en el objeto». Es decir, según él entiende, como el proceso judicial pretende una repetición de las Primarias en la Moraña, con la votación de los que consideran los verdaderos afiliados y que decidirían «en una papeleta entre Leticia Sánchez y Jesús Caro», se produciría la situación de que, si se expulsa a Leticia Sánchez, ya no sería militante del partido para esta votación. Toda esta situación, considera Muñoz, «juega en contra de todos porque haber intentado en una actuación de fraude sustituir a un portavoz y buscar expedientarle… estamos viendo en estos últimos tiempos actuaciones que parecen poco edificantes». Sobre los pasos que se darán, dentro de la especulación, habló de que las normas permiten una expulsión provisional, lo que cree que cuadra con la «prisa» y «ganas» que tienen de retirar la militancia a Sánchez y Muñoz.