El guión era tan predecible que asusta ver que se ha cumplido a rajatabla. El Gobierno, apoyado por sus socios de investidura y legislatura y con el control del Parlamento por bandera, aprobó ayer la proposición de ley para derogar el delito de sedición, reformar el de malversación y, vía enmiendas, manosear el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, se negó a aplazar la sesión plenaria hasta que el Constitucional resuelva, el lunes, los recursos de amparo presentados por la oposición, que sostiene, con el PP a la cabeza, que se está incurriendo en una inconstitucionalidad de libro. Por supuesto, han sido los cinco magistrados con la vitola de 'progresistas' los que han forzado el retraso de la resolución a los recursos de amparo, aunque deberían ser ventilados antes de que la votación llegue al Senado para ser refrendada.

Así ha llegado España a una confrontación de poderes inédita en la historia del país. El legislativo pretende someter a sus necesidades políticas -toda la maniobra lleva el sello del secesionismo catalán, que sostiene a Pedro Sánchez en el poder a cambio de buscar el regreso a la primera línea política de quienes fueron condenados por los graves delitos emanados del falso referéndum de autodeterminación- al poder judicial, que a su vez busca defenderse de la injerencia pero se ve lastrado por su fractura de militancia, hecho que no hace más que subrayar la necesidad de cambiar el sistema de elección para que sean los jueces, y no los políticos, los que elijan a los miembros del CGPJ y del Constitucional.

Mientras, desde Unidas Podemos recusan a dos jueces porque prevén que el lunes puedan irse al traste las maniobras del Gobierno si el TC acepta la inconstitucionalidad que invoca la oposición; desde el PSOE invocan la Guerra Civil y hasta a Tejero -cuya asonada no tumbó ningún gobierno de izquierdas-, y desde ERC se mofan de la división de poderes y del orden constitucional bajo el famélico argumento de que el nacionalismo tiene dos millones de votos, una 'legión' que, en su dialéctica, debe tener derecho a someter la convivencia de 45 millones de españoles.

Se allana el camino, en definitiva, para que el país se asome al abismo del que ya han hablado algunos barones socialistas, la mayoría con la boca muy pequeña, cierto es, para que la próxima semana se pueda vivir una crisis política e institucional mayúscula y de consecuencias impredecibles. Sánchez, que presume de pacificar Cataluña, está inflamando el resto de España con movimientos de tercera división y quedándose a años de luz de perseguir el interés general que juró proteger. El país es una caldera con demasiada presión.