El Partido Popular de Ávila denunció este viernes a través de su diputada nacional Alicia García el anteproyecto de ley de incentivos a la contratación laboral en el que trabaja el Gobierno de España que, a su juicio, en lugar de responder a su enunciado, «es una ley que aborda la destrucción de empleo de las personas con discapacidad», pues «quieren acabar con los centros especiales de empleo y con el empleo que facilitan, y también con la bonificación del 100% de la Seguridad Social a la contratación de personas con discapacidad por parte de estos centros especiales, y no lo podemos consentir».

La portavoz de Derechos Sociales del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y vicesecretaria de Política Social del PP de Ávila, que junto a otros cargos públicos del partido mantuvo una reunión con los responsables de los centros especiales de empleo, subrayó que este anteproyecto de ley «afectaría a 21 centros especiales en Ávila (2.300 en España) y a casi 200 personas con discapacidad (100.000 en el conjunto del país), cuando son el mejor instrumento para que las personas con discapacidad tengan un proyecto de vida, encuentren trabajo y sobre todo sean autónomas económicamente».

De momento han solicitado la comparecencia urgente de la ministra de Trabajo y han presentado una proposición no de ley para pedir una rectificación del Gobierno  porque «además de ser una ley que discrimina a las personas con discapacidad, supone un retroceso de sus derechos». «Este Gobierno solo acierta cuando rectifica o cuando copia las medidas del PP», añadió.

También criticó Alicia García que el Gobierno de Pedro Sánchez haya «vetado» la enmienda a los presupuestos generales que presentó el PPpara que el Centro Europeo de Accesibilidad Universal se creara en Ávila, lo que supondrá que «no habrá posibilidad ni siquiera de que otros grupos políticos puedan votarla», lo que, a su juicio, «supone un agravio para las personas con discapacidad, para el CERMI y para Ávila».

Además, denunció la diputada popular que Pedro Sánchez «utilice el Código Penal como moneda de cambio con los independentistas», pues «negocia con los sediciosos la rebaja del delito de sedición».

Por su parte, la coordinadora general del PP de Ávila, Patricia Rodríguez, destacó la «alarma» que entre los centros especiales de empleo de esta provincia ha provocado el anteproyecto de ley del Gobierno, porque «supone un atentado brutal contra el empleo de las personas con discapacidad».