La Junta de Castilla y León abrirá el próximo año la puerta a que los locales comerciales de edificios residenciales que estén sin uso puedan convertirse en viviendas pasados ocho años desde la recepción de la urbanización. Con ello se ofrece una salida a estos espacios que se han ido quedado vacíos por el cierre de establecimientos o que nunca han tenido un uso de este tipo, para que tras una reforma, pasen a ser una casa.
Esta posibilidad, que han reclamado en ocasiones la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, fue recogida por la Junta ya a finales de 2019, en la anterior legislatura en la que gobernaron en coalición PP y Ciudadanos. Para ello, el Ejecutivo autonómico tenía previsto reformar la Ley de Urbanismo de Castilla y León (1999), una modificación legislativa que no llegó a ver la luz.
No obstante, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se comprometió en su comparecencia en las Cortes de inicio de legislatura a revisar y actualizar el marco normativo en materia de urbanismo. Ahora, la vía elegida por la Junta es la futura Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, que acompañará a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023.
El Ejecutivo autonómico de PP y Vox propone en el borrador de esta norma, al que tuvo acceso Ical, modificar la ley de Urbanismo para que los locales comerciales sin uso se conviertan en viviendas, siempre que el instrumento de planeamiento general lo contemple. Además, este cambio no será considerado como una modificación y sin que el porcentaje de edificabilidad reasignado supere el 50 por ciento del fijado originariamente en el sector como índice de variedad de uso.
Suárez-Quiñones ya había adelantado esta primavera en la cámara autonómica que su departamento iba a impulsar la «revitalización y regeneración» de los ámbitos urbanos de manera que se favorecieran los «nuevos usos» de los espacios comerciales que llevaran años en «desuso».
Industria en suelo rústico
Por otra parte, la Junta incorpora una segunda modificación de la ley de Urbanismo en la norma que acompañará a las cuentas de 2023, que se presentarán, previsiblemente en octubre, para que se aprueben antes de que acabe 2022. Ésta está dirigida a las actividades previstas para el suelo rústico, de forma que se permitirá que se instalen industrias agroalimentarias, así como centros de almacenamiento de productos agroalimentarios, «vinculados a las producciones propias de la zona».
Medio Ambiente había argumentado que su objetivo con ello es la «revitalización» del mundo rural. Para ello, Suárez-Quiñones se comprometió a flexibilizar los usos del suelo con objeto de evitar su «deterioro y abandono», favoreciendo a la vez el «creciente interés de algunos colectivos urbanos por reorientar su vida profesional y familiar en el medio rural».