Agentes de desarrollo local de la provincia y presidentes de asociaciones de propietarios, entre otros, han participado en el encuentro organizado por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila para dar a conocer la nueva normativa sobre turismo rural, un documento legislativo que entró en vigor el pasado 3 de marzo y que «pretende promover la calidad y la excelencia del turismo rural en Castilla y León, favorecer la iniciativa, innovación y competitividad del tejido turístico empresarial, elevar la confianza del cliente en la oferta y en la calidad de los servicios y reforzar los derechos de los clientes».

El jefe del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Ávila, Alejandro Núñez, ha sido el encargado de dar a conocer las novedades de la normativa regional de turismo rural, que entre otros aspectos «regula los establecimientos de alojamiento de turismo rural en Castilla y León y permite su mayor y más eficaz comercialización e internacionalización».

Este decreto cataloga los alojamientos de turismo rural dentro de las figuras de Casa rural, Hotel rural y Posada, así como su categorización en cinco niveles distintos en función de sus instalaciones, equipamientos y servicios identificados con estrellas verdes.

El decreto establece la capacidad máxima de la Casa Rural en 16 plazas -hasta ahora era de 10 plazas-, mientras que el Hotel Rural no tendrá capacidad mínima y la máxima será de 50 plazas. Por otra parte las Posadas mantienen la no exigencia de límite cuantitativo derivada de la singularidad de estos inmuebles.

La categorización se realizará en función de las instalaciones, equipamientos y servicios ofertados en cinco categorías dentro de cada tipo de establecimiento, que estarán representadas por estrellas verdes, lo que garantizará una identificación análoga respecto al resto de establecimientos de alojamiento turístico.

Todos los establecimientos de turismo rural existentes en la actualidad, señalan desde la Junta, tienen que categorizarse presentando la correspondiente declaración responsable en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Decreto. Los centros de turismo rural deben transformarse en el mismo plazo en Hotel Rural o en otra de las modalidades de alojamientos turísticos.