La Junta de Castilla y León sale en defensa de la proposición de Ley de Concordia presentada este martes por PP y Vox, pide no fijarse «tanto» en la parte expositiva y «mirar más con profundidad» los derechos, obligaciones y el texto del articulado; defiende la ampliación y mejora de la protección de las víctimas; y llama a esperar al trabajo en el Parlamento para posibles retoques en el texto. Tanto el portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, como el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, no dudaron ayer en contestar a las críticas de oposición y asociaciones memorialistas a la proposición de ley impulsada por PP y Vox, y recalcaron que busca «superar el frentismo» y «mejorar» el decreto de Memoria Histórica vigente desde el año 2018. Explicaciones que parecen no servir al Partido Socialista, que ya anunció que no descarta llevar esta normativa ante el Tribunal Constitucional.
«Nos parece muy positivo elevar a rango de ley el decreto porque esto nos permite regular mejor los derechos de las víctimas y trabajar en el horizonte de la concordia. Hay que superar el frentismo y esa norma va en esa dirección», verbalizó Fernández Carriedo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. «Quizás estamos cargando mucho en la parte expositiva previa, cuando realmente, si alguien lee la Ley de Concordia de Castilla y León, es una Ley que contiene 20 artículos, supera en cuatro al anterior decreto que tenía la comunidad autónoma», añadió por su parte González Gago.
En cualquier caso, ambos insistieron en que esta proposición de Ley de Concordia de PP y Vox tiene que pasar primero por el trámite parlamentario, y es ahí donde concitó a los grupos de la oposición críticos con la norma para presentar alegaciones y «buscar puntos de encuentro». «Ojalá se pueda alcanzar una posición común en el elemento central que buscamos, que es doble, por un lado la concordia y por otro lado el reconocimiento de los derechos de todas las víctimas sin ninguna exclusión».
Cuestionado sobre la ausencia de una condena explícita a la «dictadura franquista» en la proposición de ley, Fernández Carriedo insistió en que ahora le toca trabajar al Parlamento, y hasta en dos ocasiones reiteró la «condena» de la Junta de Castilla y León a la «dictadura franquista».
Mientras, desde el PSOE, además de anunciar que no descartan pedir amparo al Tribunal Constitucional para evitar que prospere la ley de Concordia, la secretaria de Organización regional, Ana Sánchez, adelantó que trabajarán de la mano con el resto de formaciones políticas, sindicatos y asociaciones de la memoria histórica para crear un «dique de contención» a una proposición de ley con la que se intenta «legitimar la dictadura franquista». Desde Ferraz también arremetieron contra PP y Vox por «romper todos los consensos «de la Transición con una ley de Concordia que calificaron de «auténtica aberración». En esta línea, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, aseguró que la propuesta «asusta» y «es un gravísimo intento de legitimar la dictadura franquista», informa Ical.