El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictó en la jornada de ayer una providencia por la que cita en calidad de imputados para los próximos días 22 y 23 de octubre a ocho exdirectivos de Caja España y Caja Duero para interrogarlos como responsables de la emisión y comercialización de deuda subordinada y participaciones preferentes durante 2009 y 2010 con el objeto de capitalizar ambas entidades, fusionadas actualmente como Banco Ceiss.

En concreto, la providencia judicial cita a las 10.00 horas del 22 de octubre a los entonces presidentes de Caja España, Santos Llamas, y Caja Duero, Julio Fermoso, y a los exdirectores generales, Javier Ajenjo y Lucas Hernández.

Un día después y a la misma hora deberán comparecer el antiguo director financiero de Caja España Antonio Fernández Fernández, así como su homólogo en Caja Duero Arturo Jiménez. También esa jornada acudirán a declarar el exdirector comercial de Caja España, Óscar Fernández Huerga, y quien ocupara el cargo de director comercial en Caja Duero en 2009, persona que «deberá ser identificada por el Banco Ceiss», según dice la providencia.

Respaldo de la Fiscalía. Las citaciones, avaladas por la Fiscalía, son consecuencia de la querella presentada contra ambas entidades el pasado mes de noviembre por parte de la Unión de Consumidores de Castilla y León, que representa a unos 400 afectados por la emisión de preferentes. Esta organización les atribuye presuntos delitos de estafa, publicidad engañosa, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.

En su providencia, Velasco requiere diversa documentación a Caja España, Caja Duero y Banco Ceiss, así como  a la CNMV y al mercado AIAF -mercado de referencia para la deuda corporativa o renta fija privada- sobre la emisión de participaciones preferentes y deuda subordinada en 2009 y 2010.

La resolución del Juzgado Central de Instrucción número 6 es consecuencia de la decisión adoptada el pasado mes de julio por  la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que admitió un recurso contra la decisión inicial de este magistrado de archivar el procedimiento.

Orden de investigar. La Sala, esgrimiendo los argumentos que ya utilizó para estimar una querella similar sobre la emisión de preferentes en Caja Madrid y Bancaja, defendió que la deuda subordinada y las preferentes deben ser objeto de investigación.

Justificaba su postura en el hecho de que la comercialización de estas participaciones podría haber sido para «retrasar u ocultar el deterioro económico de las entidades querelladas», que utilizaban estos productos financieros para captar activos y convertían los depósitos de los minoristas en pasivo para «enmascarar» la situación «difícil» que atravesaban, «a costa y en perjuicio» de sus clientes.

El auto también señalaba que tanto las obligaciones preferentes como la deuda subordinada son productos «complejos» que las entidades vendieron de forma «masiva» para obtener liquidez.

Los empleados. Como ha señalado en otros casos, este tribunal cree que los empleados de las sucursales se limitaban a vender el producto financiero siguiendo las instrucciones de los órganos directivos y, si omitieron información o el inversor cree que fue engañado, parece «lógico pensar» que actuaban según unas directrices.

No obstante, recuerda que los perjudicados pueden acudir a la vía civil o penal de los tribunales territoriales donde se encuentran esas oficinas bancarias.