Los grupos parlamentarios mostraron ayer sus discrepancias sobre las responsabilidades del derrumbe del sistema regional de cajas de ahorro, desaparecidas y absorbidas por otras entidades más grandes tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Las conclusiones de la comisión de investigación, que ha analizado durante más de un año todo el proceso con la comparecencia de unas 60 personas, van desde el «ejercicio de responsabilidad» de Podemos para trasladar el dictamen a la Fiscalía hasta la defensa de la Junta por parte del PP, quien sólo apunta al Banco de España y el Gobierno como responsables. Entre medias, PSOE y Ciudadanos consideran que «ha fallado todo» y señalan a los gobiernos autonómicos y central, el Banco de España y la CNMV.

Manuel Mitadiel, presidente de la comisión y procurador de Cs, expresó su deseo de que el dictamen, que tendrá que ser debatido y negociado por todos los grupos políticos, pueda estar elaborado antes del 31 de diciembre, aunque indicó que se podría superar esta fecha si es para alcanzar un consenso. No obstante, el dirigente naranja reconoció la división en dos bloques, PP y PSOE que comparten gran parte de sus conclusiones, por un lado, y Podemos, Ciudadanos e IU por otro lado con un planteamiento más radical, por lo que no descartó votos particulares ante el pleno.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, afirmó que es «bueno» y un «ejercicio de responsabilidad» trasladar el dictamen de conclusiones de la comisión de investigación a la Fiscalía para que juzgue «hechos susceptibles de delito», aunque admitió que algunos han podido prescribir.

«Podemos pretende que las conclusiones se lleven a la Fiscalía y se lo pedirá a la Mesa de las Cortes», manifestó Fernández en una rueda de prensa para presentar el resultado del trabajo de su grupo en la comisión de investigación sobre la actuación, gestión y supervisión de las cajas de ahorro que tenían su domicilio social en Castilla y León.

El portavoz socialista en la comisión, Óscar Álvarez, reconoció que con las entidades de ahorro «falló todo», tanto los mecanismos de control como los de supervisión, y culpó tanto a la Junta como al Banco de España o a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) de «no poner freno».

Ésta es la principal conclusión del grupo socialista, ya que con las entidades de ahorro hubo un «virus» llamado «ladrillo» que fue «inoculado» por el expresidente del Gobierno José María Aznar con la «liberalización del suelo».

«La Junta miró hacia otro lado, también lo hizo el Banco de España y la CNMV que ni pudieron, ni supieron o no quisieron poner el freno y medidas correctoras», dijo. Por su parte, el PP no ve indicios delictivos para trasladar el dictamen a la Fiscalía. La portavoz, Isabel Blanco, aseguró que lo ocurrido en las cajas de Castilla y León no tiene «nada diferente» a lo que pasó con las del resto de España.
De esa manera, centró su desaparición en la crisis, en la función de control y supervisión del Banco de España y en normativa aprobada por el Gobierno, pero no en la Junta, que «se anticipó» con el «intento» de integración, aunque «no se sabe si hubieran sobrevivido».