La reforma del Estatuto de Autonomía para incorporar en él nuevas normas relativas a la salud democrática y otros asuntos no menos importantes como fijar un suelo de gasto social deberá pasar en breve de ser una promesa a convertirse en acción de Gobierno. A tenor del compromiso adquirido en su día por el candidato a la investidura como presidente, Juan Vicente Herrera, y del acuerdo largamente negociado entre el PP y Ciudadanos, nada puede impedir que entre los primeros encargos del jefe del Ejecutivo figure el inicio del diálogo con los grupos parlamentarios para abordar estas cuestiones, que los populares incluso elevaron a categoría de prioridad al ser uno de los cuatro grandes compromisos en los que dividió su programa electoral, exactamente el cuarto: «Mejorar la calidad de nuestra actividad política», rezaba el documento entregado a los periodistas el 4 de mayo en León, donde Herrera quiso que vieran la luz las líneas maestras de su mensaje ante la cita electoral del 24 de mayo.

El entonces cabeza de lista del PP y candidato hoy a la investidura, en un encuentro de campaña con los directores de periódicos de Promecal, supeditaba su cumplimiento, lógicamente, a que su partido obtuviera en las urnas la fuerza suficiente como para poder hacerlo. «Si tengo la oportunidad de convertir el programa electoral en programa de Gobierno lo ofreceré de forma inmediata», respondió Herrera a la pregunta de qué momento de la Legislatura consideraría idóneo para abrir el debate de la reforma del Estatuto e incorporar modificaciones tales como la limitación de mandatos de los presidentes y consejeros o variar el número de parlamentarios autonómicos o los aforamientos.

La reforma estatutaria prometida y para la que se cumple la condición expuesta por el hoy candidato a la investidura también recoge aspectos muy importantes desde el plano social, como que el 80% del gasto no financiero de las consejerías, disponible para servicios públicos fundamentales, se consolide como un mínimo de partida. O desde el plano del municipalismo, la celebración de una Conferencia de Ciudades, que sirva como marco de debate para la coordinación en aspectos comunes a los grandes municipios.

El resultado de las elecciones dejó al PPen 42 procuradores, a uno de la mayoría absoluta, insuficiente desde la aritmética para poder aplicar su programa al cien por cien. Sin embargo, el acuerdo con Ciudadanos alcanzado la semana pasada, no hace sino profundizar precisamente en el campo de las reformas por la regeneración y las mejoras sociales, por lo que nada pone en riesgo la inmediatez ofertada por Herrera para abordar estas cuestiones que formarán parte del discurso de investidura que pronuncia hoy.