El Gobierno retrasa el pago de las ayudas del plan de desarrollo rural

Ical
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La Junta urge al Ministerio la transferencia de 14,9 millones de euros, acordada el 8 de julio en la Conferencia Sectorial, para liberar 65,2 millones destinados a 7.411 profesionales

La consejera Silvia Clemente preside el consejo en el que participan organizaciones y colectivos del sector. - Foto: Photographer: Miriam Chacon

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, urgió ayer al Gobierno central la transferencia de 14,9 millones que le corresponden del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013, dado que mientras ese proceso no se realice, la Junta no podrá liberar los 62,5 millones a los 7.411 beneficiarios de Castilla y León, principalmente jóvenes incorporados al sector y profesionales que han invertido en la modernización de explotaciones.
 
Así lo expuso durante la celebración del Consejo Regional Agrario que se celebró en Valladolid con presencia de las organizaciones agrarias ante la incertidumbre por el retraso de estos pagos que ponen en la cuerda floja a muchos agricultores que han adelantado parte de las inversiones y han solicitado créditos bancarios.
 
El total de las ayudas se conforma con la propia aportación ministeral, acordada en la Conferencia Sectorial del 8 de julio, junto a 14,7 millones de la Junta y 32,8 procedentes de la Unión Europea, cuya Comisión no permite el pago hasta que no estén las tres partes. «En Castilla y León hemos puesto todos los mecanismos en marcha para tener los fondos. Ya tenemos nuestro dinero y el de Europa en una cuenta especial, a la espera de la llegada de los fondos del Ministerio de Agricultura. En cuanto estén, sólo habrá que pulsar un botón y el dinero irá a los más de 7.000 solicitantes con el expediente fiscalizado», resaltó Clemente.
 
La consejera justificó el retraso de Madrid en un incremento de trámites de las transferencias, que desde mayo deben pasar cuatro barreras si se dirigen a las comunidades autónomas, por motivos de cumplimiento del déficit y del plan de estabilidad presupuestaria. Así, el pago debe contar con informe del Ministerio de Hacienda; con acuerdo del Consejo de Ministros; tramitación del Ministerio y fiscalización del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
 
Jóvenes y modernización. Silvia Clemente destacó que, además de priorizar las líneas de incorporación de jóvenes y la modernización de explotaciones, también tendrán relevancia las medidas agroambientales y el asesoramiento.
 
La consejera explicó a las organizaciones agrarias el reparto por líneas de los 62,5 millones. Así, 27,8 millones se destinarán a 5.057 agricultores en concepto de las ayudas agroambientales; 15,3 millones para 542 beneficiarios por la modernización de explotaciones; y otros 6,1 millones van a la incorporación de jóvenes agricultores.
 
Igualmente, se dedican 6,1 millones al eje Leader, gestionado por los grupos de acción local y cuya principal actividad es apoyar 150 proyectos de diversificación económica de las zonas rurales.