La mejora de la economía se empieza a percibir tímidamente también en los hogares; y también en los que peor están pasando la crisis. Al menos así lo refleja la encuesta de Condiciciones de Vida que realiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística. El año pasado, la tasa de hogares en riesgo de pobreza y exclusión social se redujo dos puntos en Castilla y León, del 20,4 al 18,3 por ciento. Son porcentajes que traducidos a números absolutos suponen que más de 22.000 familias han mejorado sus ingresos de modo que pueden vivir de dejan de estar en esa franja de riesgo de pobreza. Aún así, son más de 185.000 las que todavía sufren los envites de la crisis. 

De acuerdo a los últimos datos, Castilla y León se sitúa entre el grupo de comunidades que mejora su situación y se encuentra ligeramente por encima de la media nacional (22,1 por ciento) aunque la tasa de pobreza duplica a la de Navarra (9,6 por ciento), que es la que está en mejor situación. En el extremo contrario se sitúa Andalucía, con una ratio del 35,7 por ciento, dos puntos más que en la anterior encuesta de 2014.

El cálculo de la tasa de pobreza se realiza en función de los ingresos medios de los hogares en cada territorio. Las familias que viven con menos del 60 por ciento que la media se considera que se encuentran en riesgo de pobreza. El año pasado los ingresos medios en Castilla y León subieron también tímidamente hasta los 24.838  euros, 1.200 euros menos que en España y a 8.200 euros de distancia del País Vasco que es donde están las mayores rentas. 

A pesar de la mejora de la situación económica, todavía hay un 26,5 por ciento de castellanos y leoneses que no puede hacer frente a gastos imprevistos (la media en España supera el 39 por ciento); y en casi un 40 por ciento de los hogares de la Comunidad no tienen los suficiente para irse de vacaciones. En ambos casos se ha expermientado una mejoría respecto al año anterior. 

Un dato llamativo es que ha aumentado (del 3,8 al 5,1 por ciento)  el número de hogares que ha tenido retrasos en el pago de recibos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, gas, comunidad...) y también los que no pueden permitirese mantener una temperatura adecuada (del 4,6 al 6%).