El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el administrador apostólico de la diócesis de Ávila, Jesús García Burillo, firmaron este viernes un protocolo de colaboración para incorporar viviendas ubicadas en el medio rural propiedad de la Iglesia al parque público de vivienda de la Junta de Castilla y León y así ofrecerlas en régimen de alquiler social a personas en riesgo de exclusión social.
El convenio, que tiene una duración inicial de cuatro años, permitirá rehabilitar “no menos de 16 viviendas, a razón de 4 ó 5 por año” en la provincia de Ávila, señaló el consejero, que indicó que el Obispado de Ávila se une así a otras diócesis de la región que ya cooperan con el Gobierno regional cediendo esas casas parroquiales en desuso, como son León, Ciudad Rodrigo, Palencia, Segovia, Astorga y Burgos.
Además, subrayó que gracias a este protocolo se cumplen cuatro objetivos: “restaurar el patrimonio, dar una solución residencial a personas con dificultades, fomentar la actividad económica y fijar población en el medio rural para luchar contra la despoblación”.
Suárez-Quiñones recordó que la Junta de Castilla y León ha destinado más de 6 millones de euros al programa Rehabitare con los ayuntamientos y a estos convenios con obispados y arzobispados de la Comunidad y “son más de 140 las viviendas que se han puesto sobre la mesa esta legislatura”.
También aprovechó para recordar las cuatro líneas de trabajo de la política de vivienda de la Junta, que son fruto del Diálogo Social, y que incluyen ayudas al alquiler, con 15,3 millones de euros en la última convocatoria; las Áreas de Rehabilitación Urbana, con casi 19 millones para los próximos cuatro años; las ayudas a la rehabilitación destinadas a comunidades de vecinos, con 4,8 millones en la última convocatoria y casi 19 millones en los próximos cuatro años; y el parque público de viviendas para alquiler social, compuesto por 1.955, lo que supone un incremento del 78%.
El administrador apostólico de Ávila, Jesús García Burillo, por su parte, señaló sobre el convenio firmado que “es una manera de poner en servicio esa serie de inmuebles anejos a las parroquias que tiene el Obispado en el medio rural para ayudar a las personas más necesitadas y a mantener población”. “Es un acuerdo sencillo pero muy significativo en favor del bien común y de las personas que más lo necesitan”, señaló.