Todo ocurrió el 8 de julio de 2013 a primera hora de la mañana. Un autobús que viajaba por la N-403, atravesaba el término municipal de Tornadizos y a unos seis kilómetros de la capital abulense, sufrió un gravísimo accidente como consecuencia del cual perdieron la vida nueve personas y casi una quincena resultaron heridas de diversa consideración, algunas de ellas aún con secuelas física. Dos años después, y a la espera de que se señale fecha para el juicio contra el conductor del autobús, sobre el que pesa un concurso de delitos, concretamente, nueve delitos de homicidio por imprudencia grave, 11 de lesiones por imprudencia grave y otros dos, que entrarían en otro apartado, de lesiones por imprudencia grave que originaron en los heridos secuelas mayores; Diario de Ávila ha querido acercarse al recuerdo y a las vivencias, aún permanentes y conocer también en qué situación se encuentra el proceso.

El respeto a las víctimas y al conductor hace a este periódico evitar contactos directos. Sí lo ha hecho con el abogado defensor, el letrado que lleva la causa del conductor del autobús, Miguel Bernal, quien ha afirmado que «dos años no es nada de tiempo», ante la magnitud del caso. Así pues, no le parece que la justicia esté siendo lenta en este caso, sobre todo, porque lo que ha de primar, según Bernal, es la garantía de que se imparte justicia. Se trata de un caso con muchos testigos, muchas y muy complejas pruebas periciales... y un gran componente emocional, a lo que hay que sumar que muchas de las víctimas aún no están lo suficientemente recuperadas. «Mi cliente sigue en tratamiento médico», afirma el abogado defensor, quien sostiene que el conductor, acusado en la causa y pendiente de juicio, sigue de baja y con importantes problemas psicológicos. Mantiene un contacto habitual con su defendido con el que evita hablar del accidente y del juicio. «Solo le visito y me intereso sobre su estado de salud», reconoce. «Le pregunto cómo se encuentra». No sabe cómo puede afectar a su cliente el hecho de que se señale fecha para el juicio. «Está por ver», concluye.

El fiscal del caso, que ejerce de acusación pública en el accidente más grave ocurrido en España en los últimos siete años, Óscar Barrios, afirma que ha transcurrido tiempo más que suficiente para que se hubiera señalado fecha para el juicio. «Como fiscal, yo creo que es malo que se tarde tanto en señalar la fecha de un juicio porque estamos para que se de una respuesta a un hecho que se ha cometido y una respuesta, en Justicia, tiene que ser rápida. Eso es lo mejor para todos». Teniendo en cuenta que ha transcurrido un año desde que finalizara la fase de instrucción y el caso pasara al Juzgado de lo Penal, «la fase más compleja está hecha y, además, se hizo con celeridad, por lo que debería señalarse una fecha con suficiente antelación para que las agendas puedan acordarse». Y es que, se prevé, dado el volumen de pruebas periciales y el número de testigos, que el juicio pueda prolongarse por espacio de una semana. «Marcar un día para el comienzo del juicio no me parece complejo, otra cosa será la sentencia», añadía Barrios. Bien es verdad que quedan algunos «flecos» relacionados con la sanidad de algunas víctimas que podría ser necesario resolver antes de dictar sentencia «pero no deberían afectar al señalamiento de la fecha del juicio». También ha informado el fiscal de Seguridad Vial a este periódico que algunas de las víctimas se han apartado del caso toda vez que ya han cobrado las indemnizaciones oportunas por parte de la aseguradora, por lo que el número de letrados que ejercen acusación particular ha disminuido.

La Fiscalía pide para el acusado cuatro años de cárcel y transcurridos dos años desde que se produjera el accidente, Óscar Barrios recuerda que en el juicio estarán presentes, además del juez,  la acusación pública (Fiscalía), un letrado de la acusación particular que representa a varias víctimas y el abogado defensor del conductor del autobús. Están llamados a declarar por parte de la Fiscalía una quincena de testigos, casi todos los pasajeros, además de varios agentes de la Guardia Civil que intervinieron en las pruebas periciales, técnicos...algo más de una veintena de personas.

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