La denuncia puede tardar años, después de que una mujer haya aguantado insultos, vejaciones, golpes y agresiones. Pero llega un día en que la situación se hace insostenible y los dolores físicos y psíquicos ya no cicatrizan. La víctima de violencia de género decide poner fin al calvario que sufre a manos de su pareja o marido. Desde el momento en que da ese decisivo paso se ponen a su disposición una serie de recursos que van desde una exploración médica, una orden de alejamiento y una protección de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado hasta la atención telefónica, asistencia jurídica, acompañamiento, casa de acogida, pasando por ayudas económicas.

 

Todo este sistema coordinado es poco para luchar contra la violencia machista. Por desgracia, esta lacra social se sigue cobrando vidas. En 2014, han fallecido dos: María Henar González, una joven que recibió un disparo en la cabeza por parte de su expareja en Medina del Campo (Valladolid), y Ena Núñez, de 63 años y vecina de Cubillos del Sil (León), golpeada en la frente por su marido.

 

El Cuerpo Nacional de Policía suele ser el primer filtro para las mujeres víctimas de violencia de género. Ya sea después de una llamada de emergencia al 112 o 091; por que los agentes hayan presenciado una agresión en la calle o bien al acudir en persona a la Comisaría. Es el momento de tomar declaración a la mujer y explicarle todo el proceso legal así como los recursos disponibles como, por ejemplo, la asistencia jurídica gratuita. Todo está muy protocolizado. Una vez formulada la denuncia, llega el momento de evaluar el  nivel de riesgo y, por tanto, el grado de protección policial que recibirá la mujer.

 

El comisario de la Policía Judicial de Valladolid, Jesús del Amo, asegura que el Cuerpo Nacional de Policía presta atención a la mujer desde el primer momento, como puede ser con una llamada a la sala del 091. «Cualquier caso de violencia de género tiene una atención prioritaria al estar en riesgo la vida de una persona», precisa. 

 

La adjunta del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, Susana Sánchez, explica que los médicos son los encargados de realizar un parte de lesiones que luego es remitido a los juzgados pero también comunican el caso al profesional de Atención Primaria, además de recordarle los recursos existentes al ser un problema de salud multidisciplinar.

 

Afirma que la víctima llega al centro tras sufrir una agresión, por iniciativa propia, con los agentes de Policía o acompañada de miembros de una asociación de mujeres aunque, lo habitual es que la detección del maltrato psicológico tenga lugar en la consulta del médico de familia. «El maltrato psicológico es difícil de detectar por lo que es fundamental contar con formación, además de estar alerta», declara.

 

El comisario explica que, en ocasiones, las mujeres acuden a la Comisaría con problemas de pareja o de convivencia que requieren de otro tipo de atención social y no policial. «A veces vienen desesperadas a hablar y a contar sus problemas, o a pedir que contactemos con su pareja para que cambie su actitud pero nosotros dejamos claro que no es posible. Esto no es un juego y solo abordamos casos si hay un delito», sentencian fuentes del Servicio de Atención a la Mujer de la Policía. De ahí, la importancia de que la mujer llegue derivada de un servicio de atención social (CEAS) o psicológica.

 

Deterioro. Miguel Ángel Cueto es uno de los psicólogos que presta apoyo emocional a las mujeres víctimas de violencia de género. Después de prestar atención a más de un centenar de mujeres maltratadas de León, asegura que son los pacientes con más deterioro y que requieren de una mayor ayuda. «Nuestro trabajo es mejorar sus habilidades y lograr que puedan superar lo que han sufrido», precisa.

 

Una de las responsables de Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Policía Nacional en Valladolid asegura que la denuncia es importante pero, sobre todo, la mujer debe romper lazos con su pareja y saber que su vida cambiará por completo con una orden de protección. Apunta que muchas no están preparadas mentalmente para dar ese paso, incluso cuando existe una orden de alejamiento del agresor.

 

Del Amo expone que la seguridad absoluta y el riesgo cero no existen en la violencia de género ni tampoco en otro tipo de asuntos. Pero menciona la prevención, la asistencia y el seguimiento de las víctimas pero también los contactos con los supuestos maltratadores. Habla de coordinación máxima con la Justicia puesto que la Policía Nacional recibe la decisión del juez casi al instante.

 

Más de la mitad de las diligencias previas del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número uno de Valladolid (el único especializado junto al de Burgos) acaba en juicio rápido, sobre todo en los casos de maltratos puntuales donde no son necesarias las pruebas periciales, por lo que el fallo se resuelve entre 15 y 20 días después de la denuncia. «Es positivo para la víctima y para el supuesto agresor si es inocente», su titular Emilio Vega.

 

En todo caso, este juez precisa que su labor es adoptar muchas veces una decisión en poco tiempo, en que lo único que hay es la palabra de uno contra la de otro. «Cuando hay una víctima, la intentas proteger pero sin olvidar que mi obligación es ser imparcial y probar la conducta delictiva», sentencia. 

 

Victimización. La coordinadora regional de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, María Boado, pone el foco en evitar la «victimización secundaria» de las mujeres durante el proceso penal por lo que aboga por las declaraciones completas que eviten repetir testimonios. Considera que hay margen de mejora en el asesoramiento jurídico a la víctima porque recuerda que tiene derecho a una asistencia letrada especializada y gratuita «desde el primer momento», antes de cursar la denuncia por malos tratos. Una situación que, a su juicio, evitaría muchas renuncias de denuncias, sobre todo cuando se trata de un maltrato emocional. 

 

El teléfono 012 de información de la Junta cuenta con un servicio de Atención a la Mujer, compuesto por una abogada y una psicóloga, para resolver las dudas y problemas que planteen las víctimas de violencia machista. La asesora jurídica, Elena Martínez reconoce que la vía penal suele «asustar» a las mujeres. Lo habitual, comenta, es que durante la conversación telefónica surjan muchas dudas por el miedo a sus agresores pero también por el futuro que les aguarda al no tener recursos ni apoyos familiares.

 

El director del Instituto de Medicina Legal de Ávila, Burgos, Segovia y Soria, José Amador Martínez Tejedor, deja claro que el objetivo de su trabajo en materia de violencia de género es ofrecer a los servicios judiciales una prueba pericial eficaz pero con la obligación de preservar la integridad de la mujer «sin victimizarla más», pese a que deba recordar la violencia sufrida ante numerosos estamentos. Es partidario de reforzar la Ley Integral contra la Violencia de Género con más información a la mujer, pero también aboga por mejorar la concienciación, especialmente entre los jóvenes. 

 

El juez Vega incide: «Hablamos de relaciones con sentimientos, muchas veces exacerbados, de gente que se quiere o se ha querido», lo que introduce gran cantidad de matices y dificultades. Martínez Tejedor añade que contar con unas expectativas altas sobre los resultados de una ley integral lleva a la frustración cuando los resultados no son los deseados. «Es una ley de largo recorrido y solo llevamos 10 años de sensibilización, que es poco tiempo».

 

El juez Emilio Vega considera que la Ley Integral funciona bien, pese a existir delitos de violencia de género o incluso mujeres muertas a manos de sus parejas. Reflexiona que la ley es muy analizada desde el punto de vista penal cuando ese ámbito solo tiene reservados unos pocos artículos. La fiscal Boado añade que la parte judicial es el «último eslabón cuando ha fallado la sociedad y la educación y hay que aplicar medidas drásticas» como la restricción de la libertad de movimientos y la prisión. Boado es otra profesional que aboga por la víctima tenga un asesoramiento previo.

 

Un asesoramiento legal que presta, por ejemplo, Jesús Castillo en Cruz Roja León a través del Servicio de Información y Asesoramiento Jurídico a la Mujer víctima de violencia de género. La labor que presta Castillo es que la víctima cuente con la mayor información posible, gracias a un servicio flexible e integral, pero también cercano donde se le habla de «tú a tú».

 

Grupo Norte es un ejemplo de las empresas que cuentan con un programa específico para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género. Lo puso en marcha en 2009. Hoy tiene en plantilla a 112 mujeres que han sufrido maltratos, de las que 98 trabajan en la Comunidad.

 

Responsabilidad. La directora de Recursos Humanos, Isabel Cid, reconoce que es una línea más de la responsabilidad social de la empresa que busca prestar una atención integral para permitir que la mujer pueda «romper» con su vida anterior de violencia.

 

Uno de los recursos que no puede faltar para una mujer víctima de violencia de género es una casa de acogida donde poder acudir tras abandonar su hogar. La Asociación ‘Beatriz de Suabia’ de Salamanca gestiona uno de estos centros. La directora Rosario González explica que la mayoría de las personas que ingresa ha denunciado a su pareja aunque priman más criterios como la falta de recursos económicos y de apoyos familiares. Se trata de un lugar donde las víctimas pueden permanecer un tiempo limitado porque González reconoce que la casa de acogida es un «espacio de transición».

 

La coordinadora de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Adavas), Sagrario Pérez, considera necesario redoblar esfuerzos con la prevención de la violencia contra la mujer, que ha bajado  mucho con la reducción de las subvenciones. «Hay que centrar las campañas en los adolescentes que son las futuras generaciones porque en los institutos hay ideas y mitos anclados en chavales de 14 años», afirma.