El Gobierno dio ayer vía libre al proyecto de ley de modificación del Código Penal, en el que se incluye una ampliación de las penas máximas de cárcel hasta los seis años por delito fiscal de más de 600.000 euros, al tiempo que aprobó un paquete de reformas legales para evitar el fraude y la mala gestión de fondos públicos para que «nadie vaya de listo por la vida».
Concretamente, para los delitos agravados la pena máxima de prisión supondrá de dos a seis años, frente al umbral de uno a cinco actuales. Asimismo, el plazo de prescripción pasará de cinco a 10 años para el resto de supuestos de delito fiscal.
Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recalcó en rueda de prensa que esta modificación persigue actuar con «más contundencia» contra estas infracciones.
La numero dos del Ejecutivo explicó que este proyecto contempla que cuando se descubre la existencia de un posible delito fiscal, para evitar que el supuesto defraudador se desprenda de todas sus posesiones, se comenzará a realizar el cobro desde el primer instante en lugar de esperar al momento de la sentencia, salvo que el juez decida otra cosa.
Asimismo, el Gabinete popular también espera dar una «respuesta tajante» a las tramas de engaño en el IVA. En este caso, no será necesario esperar al transcurso del año cuando se estafe más de 120.000 euros.
TRAMPAS. Con esta nueva medida, el Gobierno dio luz verde a un conjunto de reformas legales para evitar las trampas y la mala gestión de fondos públicos para recuperar la credibilidad y confianza del país. Sáenz de Santamaría lo justició declarando que «aquí lo que nadie puede ir es de listo por la vida».
«Esto no es admisible nunca, pero menos en una situación de crisis en la que los ciudadanos están haciendo esfuerzos adicionales y todos debemos contribuir. Aquí lo que nadie puede pasar por la vida sin pagar impuestos, tratando de cobrar subvenciones o prestaciones mientras trabaja y pensando que ha conseguido burlar al resto de ciudadanos y administraciones públicas», declaró la vicepresidenta.
La vicepresidenta informó de que el Gobierno aprobó cuatro proyectos de ley que «van más allá de reformas legales» y suponen «un cambio de mentalidad». Se trata de los anteproyectos de lucha contra el fraude laboral y de la seguridad social, la ley de transparencia, una modificación del Código Penal relacionada con las dos anteriores y de ley de tasas.
Asimismo, defendió que una nación de administraciones y ciudadanos responsables es aquella en el que los gestores públicos respetan con rigurosidad la ley, actúan de forma transparente y gestionan bien los recursos. Pero también el país gana credibilidad cuando los ciudadanos cumplen «leal y responsablemente» con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, señaló
«Vamos más allá de reformas legales, es un cambio de mentalidad», subrayó. «Tenemos que acabar con esa visión tolerante frente al que defrauda», insistió poniendo como ejemplo el engaño, la evasión de impuestos, las facturas sin IVA o quienes trabajan y cobran a la vez subsidio por desempleo.