El modelo de gestión clínica de la Consejería de Sanidad vuelve a sufrir otro retraso y casi con toda seguridad no se pondrán en marcha las primeras 15 unidades durante el primer semestre, tal como comprometió el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a principios de enero. Tampoco sería la primera vez que se incumplen los plazos en la puesta en marcha de este modelo, ya que la firme oposición de todo el sector sanitario, con el rechazo unánime de todos los sindicatos y organizaciones profesionales, ha hecho pasar un calvario a este modelo, cuyo sistema de pilotaje se inició hace ya cuatro años con dos grupos en el Hospital Clínico de Valladolid y en Zamora.
Aunque oficialmente en estos momentos la Consejería de Sanidad está concluyendo la elaboración de los proyectos y su marco jurídico para evitar nuevos conflictos judiciales, fuentes de ese departamento aseguran a este periódico que si se convocan nuevas elecciones generales, cosa más que probable, la puesta en marcha de estas primeras unidades de gestión se aplazará hasta después del proceso electoral para no abrir un ‘melón’ polémico y complicado en vísperas de tener que acudir a las urnas.
Los sindicatos, tanto los generalistas como los sectoriales, ya vienen mostrando su rechazo frontal desde la presentación del modelo y ahora insisten en que si la Junta da el paso para ponerlo en marcha harán todo lo posible para su paralización, con acciones que van desde su judicialización hasta la movilización en la calle. El último movimiento por parte de la Consejería de Sanidad está siendo el nombramiento de gerentes procedentes de Castilla-La Mancha y favorables a este modelo de gestión, tal como ha sucedido en los últimos meses en los hospitales de Salamanca, Clínico de Valladolid, Medina del Campo y Bierzo. Esto es visto como «una maniobra clara del consejero, Antonio Sáez, para facilitar la implantación de las unidades de gestión clínica», según afirma Mauro Rodríguez, secretario autonómico de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Igual de duro se muestra Pablo Vicente, responsable de Sanidad de CCOO, quien afirma que «casualmente proceden todos del mismo sitio, de una región donde los ciudadanos les han desalojado porque no querían ese modelo de gestión sanitaria».
Fuentes de la Consejería de Sanidad explican que, tras una primera judicialización del modelo en la fase de pilotaje, se ha esperado a la existencia de una normativa básica del Estado -aprobada hace más de seis meses- para su relanzamiento y tan sólo faltan algunos flecos jurídicos y legales para concluir el proyecto de las primeras once unidades en centros hospitalarios y cuatro en centros de salud. No obstante, aún la tramitación final para su aprobación definitiva es complicada, especialmente porque cuenta con el rechazo de todos los representantes de los trabajadores.
Silvia Sáez, secretaria autonómica del sindicato de enfermería Satse, afirma que cada proyecto debe ser aprobado individualmente en la Mesa Sectorial de la Sanidad, y posteriormente en la Mesa General de Negociación, tras lo que deberá publicarse de forma individual en el Bocyl. A partir de ahí se constituirá la unidad de gestión en cada centro, pero los trabajadores dispondrán de un plazo para solicitar no incorporarse a ella. Por ello, aunque fácilmente la puesta en marcha de las unidades de gestión no llegará antes del otoño, los nuevos gerentes de los complejos hospitalarios ya han recibido instrucciones para que promuevan los modelos de gestión clínica más descentralizados y cercanos a la filosofía que quiere implantar la Junta de Castilla y León.
Modelo agotado. Pablo Vicente (CCOO) asegura que es un «modelo agotado en toda España que no quieren los profesionales y que introduce elementos de privatización y competencia en la sanidad pública». «Fractura los centros de salud y hospitales en departamentos que compiten entre ellos e incluso hay jefes de servicio que quieren obligar a sus compañeros a integrarse a la fuerza en una unidad de gestión», insiste.
De forma parecida Mauro Rodríguez (CESM) asegura que es una «buena idea» pero «mal llevada a la práctica», pues rechazan la «voluntariedad y la participación». «La decisión de integrarse en una unidad es del jefe del servicio o una mayoría del servicio, aunque debiera ser decisión de todos; y además, hay un jefe de unidad que tiene plenos poderes, asesorado por una ejecutiva con cinco miembros -de los que cuatro son nombrados por él-, cuando deberían tener participación los médicos y otros profesionales en las decisiones», explica.