El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, duerme desde ayer en la prisión de Soto del Real. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó prisión provisional, sin posibilidad de fianza, tras tomarle declaración durante algo más de una hora por su vinculación a una trama de corrupción que afecta a más de medio centenar de personas, entre ellas varios cargos públicos, como es el caso de Martínez. Velasco hizo caso así al criterio de la fiscal anticorrupción, Carmen García, que pidió la prisión sin fianza en una ‘vistilla’ celebrada nada más terminar la declaración. Se impusieron así las argumentaciones de la Fiscalía frente a las del abogado defensor, que llegó a sugerir la libertad del imputado con retirada de pasaporte o bien fijación de fianza por entender que no existe riesgo de fuga al tener arraigo familiar y laboral. 

 

 El auto del juez describe el papel que Marcos Martínez, a juicio de los investigadores, pudo jugar  en la organización. Según el escrito de Velasco, el presidente de la Diputación habría puesto en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro. Y esto sería así «a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente» de la institución leonesa, cargo al que accedió en mayo de este año tras el asesinato de Isabel Carrasco. En aquel momento la Fiscalía Anticorrupción ya llevaba cuatro meses trabajando en la investigación que ha acabado con Martínez en prisión, si bien los únicos nombres que aparecían en los primeros compases de la misma fueron los del exvicepresidente de Madrid, Francisco Granados; el empresario David Marjaliza y las esposas de ambos.

 

Los delitos de martínez. El juez concluye que Martínez «tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos» y considera que podría haber incurrido hasta en seis delitos. En concreto cita los de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude. 

 

La gravedad de los delitos y el «riesgo de fuga» del presidente que, a juicio de Eloy Velasco, existe, es lo que hizo que se decretara prisión incondicional pese a la oposición de la defensa. Por «el riesgo de fuga», por «la alta probabilidad de reiteración delictiva» y para evitar que se pueda alterar pruebas. A juicio del magistrado, la posibilidad de fuga se deriva tanto de «la pena que pudiera ser impuesta» como de «la facilidad que tiene el implicado, tanto por sus recursos y medios, de acudir al extranjero y sustraerse así de la acción de la Justicia española».

 

 El presidente de la Diputación de León no fue el único que ingresó en prisión sin posibilidad de eludirla mediante fianza. Velasco acordó lo mismo para el empresario Alejandro de Pedro Llorca, tercero en declarar en la mañana de ayer, a quien vincula directamente con el presidente de la Diputación y le considera «cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias». Según el juez, se ha «acreditado» que de Pedro «presta servicios de reputación en internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto».

 

El juez cree que esos servicios de reputación «le abrirían la posibilidad de constituir una red de contactos» con el fin de contratar en otros sectores «para sí o para terceros». Por eso, aprecia delitos de «organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude».

 

Para el otro empresario interrogado por la mañana, José Luis Huerta, propietario de Waiter Music, el juez decretó también prisión, aunque en este caso eludible bajo fianza de 300.000 euros. Esta empresa ha sido «históricamente» adjudicataria de contratos públicos en «diversos» municipios de Madrid y en empresas del Gobierno de la Comunidad, «donde- según relata el auto del magistrado- Francisco Granados ocupó cargos de relevancia».

 

Los conseguidores. Los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro, considerados como los ‘conseguidores’ de la trama corrupta que se ha desarticulado hicieron del delito «un auténtico modus vivendi», asegura el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el mismo auto en el que se decreta la prisión de Marcos Martínez.

 

   El magistrado pone de manifiesto la existencia de una «alta probabilidad de reiteración delictiva» en el caso de los empresarios y destaca, también, que ha detectado un elevado riesgo de fuga. Destaca así mismo que «una organización criminal como la investigada» suele tener gran facilidad «para dotar a sus componentes» de medios económicos  «para facilitar su huida y permanecer lejos de la actuación de los tribunales españoles, lo que convertiría la causa en una frustración».