La Guardia Civil se incautó ayer de 99 armas de fuego y 21.000 cartuchos metálicos en lo que supone una de las mayores interceptaciones de munición realizadas en España. En la denominada Operación Taronja, la Benemérita detuvo, además, a siete miembros de una organización que adquiría armas inutilizadas en el extranjero, las manipulaban para que volvieran a servir y las vendían en el mercado negro y a través de internet. Los investigadores del Instituto Armada sospechan que el armamento podría estar destinadas a su venta a grupos yihadistas.

La Guardia Civil advirtió de que «dada la condición original de armas de guerra de muchas de ellas, tanto por su calibre como por su capacidad para hacer fuego automático, su comercio ilegal suponen un riesgo máximo para la seguridad ciudadana por su posible desvío a organizaciones terroristas». De hecho, recordaron que el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado ha detectado ya cerca de 200 indicios de conexión entre el yihadismo y grupos dedicados a la delincuencia organizada.

En este sentido, explicaron que «al contrario que ETA, que tenía un aparato logístico muy potente, los yihadistas que operan en Europa, siguiendo las directrices que les han dado desde el Estado Islámico de atentar donde puedan y como puedan recurren al mercado negro para acceder a ellos». Y, como ejemplo de esta afirmación, desde el Instituto Armado citaron el 11-M, donde los terroristas consiguieron el explosivo utilizado a través de delincuentes comunes.

En cuanto a la Operación Taronja llevaron a cabo registros y detenciones en Alicante, Málaga, Murcia, Vizcaya, Navarra, Cantabria, Burgos, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Las Palmas. Los arrestados, entre los que se encuentran un policía nacional, contaban con un taller en Alicante.  En esa localidad se vendieron, al menos, 20 armas, aunque su punto de venta habitual estaba en Málaga, donde se sospecha que colocaron otro centenar de dispositivos.