Sindicatos, Carbunión y Gobierno pactan un cambio industrial

SPC
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El Ministerio para la Transición Ecológica presentará en las próximas semanas la Estrategia Nacional de Transición Justa y creará una bolsa de trabajo para los excedentes de la minería, incluidos los de las empresas auxiliares o subcontratas

El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, preside la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para 2019-2027 con sindicat - Foto: Juan Lázaro (Ical)

El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, presidió hoy la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027. Un encuentro en el que los sindicatos CCOO, UGT y USO, así como la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión), destacaron la “buena sintonía” con el Gobierno.

“Los convenios de transición justa deben garantizar un cambio industrial efectivo de la mano de las comunidades autonómas”, aseguró el secretario del Sector Minero Estatal de UGT FICA, Víctor Fernández, explicando que en la segunda quincena de marzo mantendrán una nueva cita para retomar los “flecos” pendientes.

“El periodo 2012-2018 fue muy duro”, recordó Fernández sin olvidar que “lo importante es que nadie se quede en la calle”. En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica presentará en las próximas semanas la Estrategia Nacional de Transición Justa y creará una bolsa de trabajo para los excedentes de la minería -“cerca de 80”-, a los que habría que sumar los de las empresas auxiliares o subcontratas. Una puerta de acceso a los empleos relacionados con la restauración del entorno que, en sus propias palabras, “se colgará en la web” estatal para que se puedan inscribir una vez salvados los obstáculos relacionados con la Ley Orgánica de Protección de Datos.

En cuanto a la situación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que permitan dar cobertura a los trabajadores (prejubilaciones y bajas incentivadas), el secretario del Sector Minero Estatal de UGT FICA apuntó que “casi todas han remitido ya la información requerida al Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras”.

En este sentido, precisó que “tres empresas -Compañía General Minera de Teruel, Samca e Hijos de Baldomero García- se van a dedicar a labores de restauración (36 meses más 18 prorrogables)”. “La Hullera Vasco Leonesa, que aún no ha enviado los papeles, Astur-Leonesa y Uminsa están en situación concursal”, recordó pidiéndoles agilidad para “poner el contador a cero”. “Para prejubilarse deben pasar por un paro de 24 meses”, apostilló a este respecto.

Las ayudas a pequeños proyectos de inversión (Minimis) y a grandes iniciativas, cuyas beneficiarias son pymes o grandes empresas, también salieron a relucir en la reunión. “Suman 178 millones (134 los ha puesto el Ministerio) del plan 2013-2018 que se ejecutarán este año en las cuatro comunidades autónomas: Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León”, según señaló.

De igual modo, el responsable de Energía e Industria Extractiva de CCOO, Jesús Crespo, calificó de “satisfactoria” una comisión de seguimiento en la que harán hincapié en una restauración llamada a “revitalizar” las comarcas mineras que “debe contar” con todos los excedentes del sector “sean los que sean”. “Vemos buena voluntad política para hacer las cosas”, indicó incidiendo “alternativas” para que estas zonas no se queden deprimidas.

Por su parte, el presidente de la patronal Carbunión, Pedro Iglesia, se mostró “medianamente optimista” al llegar a “puntos de coincidencia” en el marco de un encuentro que ha sido “un primer paso” que requiere “continuidad” para “cumplir con lo firmado” en el mes de octubre.

Siguiendo las directrices acordadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Estrategia Nacional de Transición Justa que ultima el Gobierno persigue generar actividad y empleo en los territorios afectados por la transición hacia una economía baja en carbón. Y pretende hacerlo a través de convenios como el firmado recientemente tras el anuncio, por parte de Endesa, del cierre de la central térmica de Andorra (Teruel).