Acaba de cumplir un año como ministra de Agricultura , Alimentación y Medio Ambiente. Doce meses de un trabajo muy intenso en el que está volcada en cuerpo y alma. No es raro el día en el que come un bocadillo en su despacho porque el tiempo no le da para más. Y es que Isabel García-Tejerina transmite ilusión en lo que hace. Se nota que le gusta y que lo vive con pasión. No esconde que en este tiempo ha intentado seguir la línea marcada por su predecesor, Miguel Arias Cañete, que en parte es también su propia línea ya que fue su mano derecha durante muchos años.

 

Se cumple justo ahora un año de su nombramiento como ministra. ¿Qué balance hace de estos 12 meses? ¿Cuáles han sido sus prioridades?

Verdaderamente este año ha volado. Hay que tirar del tópico pero parece que fue ayer. Eso pasa cuando haces muchas cosas y las haces muy rápido. Haciendo balance Creo que te das cuenta de que el tiempo ha estado bien aprovechado y de que hemos mantenido el ritmo que imprimió Miguel Arias, y en general este Gobierno, de no perder ni una sola semana para hacer cosas que mejoren y sienten las bases para que los españoles tengan una vida mejor. Creo que en el sector agroalimentario lo hemos conseguido.

 

El sector agrario y la industria agroalimentaria suponen el 10% del PIB. ¿Qué papel debe jugar o está jugando en la recuperación económica de España?

Este sector se ha comportado mejor que otros durante la crisis. Tuvo la capacidad de adaptarse y resistió bien. Hay que darle mérito a los agricultores y ganaderos que son gente acostumbrada a los ciclos. Tienen una capacidad de resistencia especialmente desarrollada. Tengo enorme fe en el potencial de este sector porque si han aguantado bien cuando no tenían grandes soportes, después de tres años en los que hemos estado trabajando para mejorar su competitividad, vamos a verles crecer y desarrollarse. Eso es lo que quiero, que este sector represente cada vez un mayor porcentaje del PIB y trabajamos para que desarrolle al máximo su potencial. Ese es el fin último y hemos tomado una serie de medidas en ese sentido.

 

¿Cuáles son las más destacadas?

Pues una es la gran negociación de la Política Agrícola Comunitaria (PAC), con 47.000 millones de euros que vendrán a España hasta 2020 y una reforma que permite consolidar todos los sectores productivos en todo el territorio español. Además, para mejorar la competitividad y seguir ganando mercados, nos hemos centrado en la calidad y hemos revisado las normas que afectan a más de 500 productos. También hemos adoptado medidas muy importantes para prevenir uno de los problemas que tenía el sector como era la falta de integración y estructuración. Estamos fomentando y acompañando al sector para que se vertebre, se organice y gane la fuerza y la competitividad que da la organización. Y por último, hemos dado un apoyo muy importante a la internacionalización. El sector se está comportando extraordinariamente bien. Desde 2012 hasta ahora, en estos tres años, las exportaciones se han incrementado un 23%; la balanza comercial en más de un 300%, de tal manera que se ha pasado de tener una balanza comercial positiva de algo más de 3.000 millones de euros a 10.000 que tenemos ahora. Vemos año tras año como las cifras son mejores.

 

¿Cuáles van a ser las claves para la aplicación de los fondos de desarrollo rural?; ¿Dónde van a estar las prioridades de su departamento?; ¿Qué papel van a jugar en su aplicación los grupos de acción local?

Nosotros tenemos un pequeño gran Programa Nacional de Desarrollo Rural. Cuando se negoció el presupuesto de la Unión Europea para siete años y para todas las políticas, el presidente Rajoy defendió y puso como prioritaria la agricultura. Por eso, de Bruselas a Madrid vinimos con 47.000 millones de euros más de lo que teníamos. Y un 3% más en desarrollo rural, cuando otros países estaban perdiendo fondos. Ese 3% nos lo quedamos en el Ministerio para recuperar un Programa Nacional que entendemos que es absolutamente necesario. Por eso digo que es pequeño en cantidad, un 3%, (movilizará unos 500 millones de euros), pero es grande, porque estoy segura de que las medidas tendrán una enorme importancia. Vamos a aprobar medidas para que las industrias pueden establecer algún tipo de alianzas, porque al igual que las cooperativas, tienen que ganar dimensión para mejorar su competitividad. También se financiará la creación de agrupaciones y organizaciones de productores. Y seguiremos invirtiendo en regadíos y en infraestructura rural cuando sea de ámbito supraautonómico. 

 

Tras el final de la cuota láctea el pasado 1 de abril, los ganaderos pintan un escenario casi apocalíptico para el sector y la industria ve una oportunidad ¿cómo lo ve?

El sector llevaba muchos años viviendo con unas reglas del juego que han cambiado de un día para otro y necesitan un periodo de adaptación. Me he reunido con la Interprofesional del sector. Hay industrias que ya tienen perfectamente asumido que los contratos serán anuales y que hay índices de precios. Existen organizaciones de productores ya constituidas que están utilizando la prerrogativa de comercializar en nombre de todos los ganaderos. Y frente a eso, nos encontramos que también hay industrias, las menos, a las que todavía les cuesta entrar en esta dinámica. Trabajamos para que el sector estuviera bien preparado para el cambio y tuviera herramientas, pero es verdad que es un cambio de cultura, necesitamos un periodo de adaptación y el Ministerio va a estar acompañándoles. También es verdad que hay ganaderos que estaban esperando este momento, que han hecho inversiones importantes para ser competitivos, que quieren crecer, y ahora van a poder sacar partido a esas inversiones. 

 

Pero, ¿se han planteado indemnizar vía patrimonial la pérdida de los derechos que tanto han costado al ganadero?

Derechos como tal no había, sino que tenían cuotas asignadas y esa era la cantidad que podían producir. Es verdad que en todos estos años hay gente que invertía en cuota para poder producir más, pero es verdad también que la última prórroga de las cuotas lácteas se logró en el año 2003. En el año 2009 hubo una reforma de la PAC del sector lácteo y España tampoco movió al Consejo de Ministros para que se prorrogará la cuota. Así que desde el año 2009 el sector sabe que en 2015 se terminaban las cuotas y sobre esa base han ido adquiriendo cuotas. Es decir, los ganaderos sabían que se acababa este régimen y todas las transacciones las hacían sabiendo este horizonte.

 

Junto a la leche, también se anuncia la liberalización de la remolacha, el fin de las cuotas a partir de 2017. ¿Qué futuro le espera al sector?

Es un sector modélico desde muchos puntos de vista. Primero, su Interprofesional funciona muy bien y permanentemente renuevan sus acuerdos. Además, ha invertido muchísimo en innovación y tiene enorme resultados. De hecho somos el país, con Castilla y León a la cabeza, más productivo de toda la Unión Europea. Tenemos muy buenas producciones en cuanto a kilos y con un rendimiento de azúcar muy elevado. Es verdad que tiene una desventaja competitiva, que se produce solo en zonas de regadío a diferencia de otros países donde el regadío les llega del cielo. Estoy segura de que el sector tiene futuro. 

 

¿Cree usted que se observa una tendencia general hacia el fin de las ayudas para ir hacia un mercado liberalizado, basado en la oferta y la demanda? 

La verdad es que la Unión Europea hace ya tiempo que emprendió un camino de ir desregulando el campo. Antes había determinadas medidas más intervencionistas en el mercado, pero terceros países acusaban a la UE de que afectaba a los mercados internacionales. Como la Unión Europea tiene compromisos internacionales hemos tenido que ir evolucionando nuestra política agrícola común. La ayuda económica más importante está desvinculada totalmente de la producción. Los agricultores perciben una determinada cantidad de dinero que no está condicionada a ninguna decisión productiva. El cambio que vamos viendo es que hay cada vez menos medidas de regulación del mercado y que se han ido sustituyendo por medidas para que sea el sector el que se vaya autorregulando. Por eso, vuelvo a mi insistencia permanente: hay que tener organizaciones interprofesionales, organizaciones de productores. Y éste es el futuro, que el sector se organice, se vertebre y que luego ellos mismos puedan autorregularse.

 

¿Esta realidad puede provocar que el pequeño agricultor muera?

Bueno, no necesariamente. Por ejemplo, un ganadero de leche que forme parte de una cooperativa tendrá la fuerza que le da esa cooperativa; o si forma parte de una asociación de productores, tendrá la capacidad de negociación de venta de su leche que le da el hecho de que lo haga una organización de productores. Lo que sí que es verdad es que juntos se suele llegar mucho más lejos que individualmente. 

 

Ustedes han demostrado un gran empeño en que solo los agricultores que de verdad trabajan el campo, los que explotan sus tierras, obtengan ayudas de la PAC ¿Eso es admitir que ha habido mucha picaresca hasta ahora?

Picaresca no ha habido. Pero tampoco ha habido antes la voluntad que ha tenido este Gobierno de que las ayudas vayan realmente a las explotaciones que tienen actividad económica. Nosotros hemos intentado que las ayudas vayan solo a las explotaciones activas. Y para eso hemos aplicado hasta 10 medidas que buscaban ese objetivo último, evitar que las ayudas fueran a agricultores que no tienen actividad, es decir que no están generando riqueza en su entorno.

 

¿Qué efectos espera que tenga sobre el sector primario la normativa sobre la cadena de valor?

Nosotros decimos que esta ley va a marcar un antes y un después en la relaciones comerciales. En este sector muchas veces la gente vendía sus productos «a resultas», que quiere decir «ya veré cuánto y cuándo te voy a pagar». Eso se acabó; ha pasado a la historia. A partir de ahora este sector, como sucede en el resto de sectores, venderá con un precio cierto y con un plazo de cobro. También hay cuestiones muy importantes en la definición de prácticas comerciales abusivas, determinadas prácticas que se venían haciendo de forma más o menos habitual y que ponían en situación complicada algunos operadores. Esas prácticas ya no se podrán volver a dar sencillamente porque están definidas, porque la ley establece una sanción y porque hay una Agencia que está controlando, instruyendo los expedientes y en su caso sancionando. 

 

Hablemos de la industria agroalimentaria. Usted habla de la necesidad de la unión, de crecer en tamaño, ¿con el objetivo último de internacionalizarse, de salir al exterior?

La dimensión es importante tanto en la industria como en las cooperativas. España tiene 29.000 industrias de la alimentación y la mayor parte de ellas son pymes. Esa es la radiografía de nuestro sector. Para mí es importantísima la internacionalización, pero no es un fin en sí mismo. Lo que ocurre es que el mercado nacional es el que es, con 44 millones de habitantes y una capacidad de consumo determinada. A pesar de que afortunadamente cada vez tenemos más turistas que nos visitan y que muchos de ellos, el 13%, vienen a disfrutar de nuestra gastronomía, al final el mercado es limitado para todo el potencial que puede tener nuestro sector. Y ahí está la internacionalización como posibilidad de desarrollo muy importante.

 

Más allá de la industria, ¿las cooperativas necesitan también ganar tamaño para ser más fuertes y competitivas?

Hemos empezado a desarrollar la Ley de Integración Cooperativa y ya tenemos la primera entidad asociativa prioritaria reconocida en el sector del ovino de carne. Es la cooperativa más importante de ovino en toda Europa. Y la Dirección de Industria Alimentaria está instruyendo ya varios expedientes más. Hay veces que las integraciones de cooperativas no son necesariamente de un solo sector. Hay una integración importante en marcha entre un grupo del sector del aceite de oliva y otra grandísima cooperativa del vino. 

 

Sí, pero ¿con qué objetivo?

Entendemos que la razón última de integración de las cooperativas es defender intereses estratégicos, en los que ellos determinen. Ahí es donde hay que avanzar, en las sinergias. Nosotros, como Gobierno, lo que queremos es la mejora de la competitividad y la profesionalización. Había que acabar con una situación en la que solo se apoyaban las integraciones si las cooperativas caían en el ámbito de una región. Y eso no es necesariamente lo que le puede interesar a dos cooperativas. Nosotros fomentamos la integración por razones estratégicas que decidan los grupos cooperativos y por eso se rompen las fronteras. 

 

Llevamos algo más de un año con la llamada Ley del Ibérico , que fue bastante criticada en su momento. ¿Qué balance hace de la nueva regulación? ¿Ha beneficiado a productores y a consumidores?

Hay sectores que tienen más resistencia al cambio que otros, pero lo cierto es que en nuestro permanente trabajo de mejora de la competitividad, estamos convencidos de que la apuesta por la calidad es un factor muy importante. Hemos revisado hasta 500 productos y entre ellos, todos los derivados del cerdo ibérico. El resultado es que hay más sacrificios, que ha subido el precio en origen, que los consumidores, sin ninguna duda, están mejor informados y que está aumentando la pureza ibérica de los sacrificios. Es decir, han aumentado todos los sacrificios de los distintos segmentos del ibérico. Pero han aumentado más los que son 100% ibérico a los que son 75% ibérico. Y han aumentado más proporcionalmente los que se alimentan con bellota; es decir, los que tienen mayores exigencias. El mercado está pagando bien y eso significa que hay más garantía, más transparencia y mejor información para el consumidor. 

 

¿Hacia dónde debe ir el sector del vino? ¿La exportación?

Hay que centrarse también en el mercado nacional porque en los últimos años ha caído. Nosotros declaramos el vino como alimento porque consumido con moderación tiene muchos aspectos positivos. España tiene posibilidades de recuperar el consumo interno y ese es uno de los principales objetivos que se ha marcado la interprofesional. Pero también hay que decir que se están batiendo récords de exportaciones. Nuestro reto ahí es vender con más valor. Hay que buscar nichos de mercado. España tiene una relación calidad precio excepcional y tenemos que trabajar todos para ir posicionando mejor cada día nuestros vinos. El ministerio, dentro del programa de apoyo al vino 2014-2020, destinará solamente este año más de 50 millones de euros a la promoción de vinos en el exterior.

 

¿Cómo puede repercutir sobre el sector en España el Tratado libre comercio EEUU (TTIP) que se está negociando?

Es un acuerdo muy esperado por mucha gente. Hay cifras muy interesantes. La UE importa y exporta más bienes y servicios que EEUU y China. Tenemos muchísimo comercio. Si este acuerdo se aprueba tan ambicioso como se ha planteado hay estudios que dicen que puede mejorar el PIB comunitario en un 0,5%; un aumento de las exportaciones de 187.000 millones de euros; y un aumento de la renta disponible de 545 euros por familia en la UE. El impulso a la economía en ambos lados del Atlántico puede ser muy importante. España será de los países que más se beneficiará, el cuarto país, y el sector agroalimentario de manera especial, porque se producirá para vender allí. Para nosotros es importante por lo que puede tener de mejora en la renta de las posibilidades de desarrollo, sabiendo dos cosas, que tenemos que proteger los sectores que están en situaciones menos competitivos frente a Estados Unidos y que tenemos que defender el modelo europeo de producción con los estándares tan altos desde el punto de vista medioambiental, de seguridad, de bienestar animal que nos hemos dado. 

 

El tarifazo eléctrico, la subida de la tarifa de la luz el año pasado, supone un sobrecoste muy importante para los agricultores. Han anunciado que lo van a compensar a través de bajadas de impuestos. ¿Puede explicárnoslo?

Ya se ha hecho. Está en vigor. Este Gobierno encontró un déficit de tarifa de 26.000 millones de euros que crecía y crecía. Eso requería hacer una reforma del sector eléctrico español. En el sector del regadío, que tiene unas características muy especiales, la nueva tarifa les aumentaba los costes. Buscamos entonces con la Secretaría de Estado de Energía algo que se adecuara a ellos, pero no se encontró. Al final hemos decidido solucionarlo a través de una rebaja de impuestos muy importante. Los regantes tienen desde ya una reducción del 85% del Impuesto Especial de la Electricidad, y además, una reducción estructural, es decir, para siempre, de los módulos, de lo que pagan vía IRPF. La suma de estas dos bajadas de impuestos está estimada en unos 55 millones de euros. El aumento que les significaba la tarifa en 50. Con lo cual está compensado. Y luego trabajamos con los regantes para que hagan centrales de compras y les está funcionando muy bien, porque llevan ahorros de 60 millones de euros

 

La campaña de la patata este año ha sido nefasta. ¿Qué se puede hacer para prevenir estos vaivenes que sufre el sector? ¿La organización interprofesional -integración de todo el sector- es la solución o buena parte de la solución?

Sin ninguna duda un sector organizado siempre facilita todas estas cosas. Nosotros en alguna ocasión tanteamos al sector porque la organización interprofesional es algo privado. El Ministerio puede acompañar, facilitar los encuentros, pero si no hay voluntad del sector no se constituirá. Sí sería muy interesante tener una interprofesional de la patata como hay en otros sectores. Es verdad que éste ha sido un año malo. Lo que el Gobierno hará es publicar una orden ministerial con la rebaja de los módulos para compensar las pérdidas. Para el sector de la patata está estimada una rebaja de la base imponible de unos 14 millones de euros para compensar lo que no han obtenido del mercado.

 

La Ley de Montes ha levantado bastante polémica. ¿Qué argumentos tiene para defender la normativa, cuando el sector piensa que impulsará la especulación con los terrenos calcinados?

Nunca se producirá tal especulación. Más allá de intereses perfectamente calculados de causar confusión, no hay ninguna posibilidad de que se produzca o se fomente la más mínima especulación, porque la ley no permite, no autoriza el cambio de uso para un interés privado. Ningún interés privado está considerado para un cambio de uso forestal para otros tipos de usos. La ley actual de 2006 dice que si ha habido un incendio se autoriza el cambio si ya existía la tramitación de un proyecto, de una inversión, y no especifica de qué tipo. Qué es lo que añade esta ley. A esa excepción, introduce otra excepción que es mucho más rígida que la anterior. Ahora se establece, primero, que el monte no sea de utilidad pública ni cumpla una función de interés general. Además, se exige que se reponga el daño causado. Y lo más importante, para que se autorice el cambio de uso es que se requiere que haya un interés general de primer orden que tiene que ser declarado por ley. Es decir, la puerta se abre muy poquito y con muchas garantías, y se hace para desincentivar los incendios. 

 

Fraking. ¿Cómo valora desde el punto de vista medio ambiental esta práctica?

Nosotros vemos esta actividad como otras. Debemos autorizarlas o no en función del impacto medioambiental. Lo que este Gobierno ha hecho es asegurar que todas las actividades tengan todas las garantías medioambientales. En el caso del fracking, por legislación comunitaria no era necesaria una declaración de impacto ambiental positiva, sin embargo, este gobierno ha hecho por ley que para realizar una prospección, una búsqueda, o si se encontrara gas en su caso cualquiera de estas actividades requiere de una declaración de impacto ambiental positiva. Es decir, los técnicos tienen que juzgar que esa actividad se puede llevar adelante sin impacto medioambiental significativo, y si no es así, no se autorizará. Con lo cual, lo que hacemos es garantizar que las actividades económicas, el fracking, en concreto, porque está específicamente establecido en una ley, solo se puede autorizar si cuenta con una declaración de impacto medioambiental positiva; si tenemos las garantías que no hay impacto para el medio ambiente. No se puede generalizar, ni en esto ni en otras actividades que puedan parecer más sencillas o con menos controversias en la opinión pública. El fracking no será lo mismo si lo haces en una zona de acuíferos, que no los haya, por ejemplo. Por eso obliga a un análisis individual de cada proyecto.

¿Cómo son sus relaciones con la consejera de Agricultura de la Junta, Silvia Clemente? El conflicto surgido con Arias Cañete por los pagos de desarrollo rural, ¿sigue vivo o lo da por zanjado?; ¿Están cumpliendo con los plazos?

Hay muchas cosas que tenemos en común Miguel Arias Cañete y yo, y una de ellas es que no nos llevamos mal con nadie. El Ministerio siempre cumplió con los pagos. Lo hizo en los años 2012, 2013, 2014 y cumplirá en 2015. No solo eso, sino que en 2014 adelantamos los pagos a aquellas comunidades autónomas que lo pidieron, como fue el caso de Castilla y León. De tal manera que ese año le adelantamos 7,5 millones en pagos en desarrollo rural. El presidente de Castilla y León lo sabe bien. El Ministerio siempre fue un buen pagador. Otra cosa es que para las comunidades autónomas nosotros íbamos generando crédito a lo largo del año. Los pagos se han ido produciendo todos los años a lo largo de los 12 meses. Puedo asegurar que el Ministerio cumplió en 2104, cumplió excepcionalmente bien.

 

¿Cuál es la situación actual del regadío en Castilla y León y el compromiso del Ministerio para los próximos años? 

Castilla y León es una Comunidad en la que este Ministerio ha invertido de manera muy importante en la modernización de regadíos. Lo hacemos a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias. El 25% del total de la inversión se realiza en Castilla y León. Llevamos invertidos más de cien millones en estos años en modernización. De igual manera, era muy importante y muy esperado para Castilla y León la ampliación de regadíos. Una zona era La Armuña (Salamanca), que fue en su día el PP el que la declaró de Interés General para que el Estado pudiese intervenir en ella, y la otra Payuelos (León).

 

¿Cuándo veremos finalizados los regadíos en esas dos zonas?

 

En cuanto hemos podido nos hemos comprometido, pero lo cierto es que cuando llegamos el Ministerio debía a Tragsa casi 200 millones de euros derivados de un plan de choque que consistió en hacer obras de regadío, pero no pagarlas. Solo en intereses la deuda generada con esa empresa era de más de 60 millones de euros, que teníamos que ir pagando hasta 2017. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para pagar esta deuda con Tragsa y en cuanto hemos podido, además, hemos hecho inversiones. En cuanto a La Armuña, ya se empezó el año pasado y esperamos que en el 2017 sea una realidad (6.655 nuevas hectáreas de regadío en esta zona de Salamanca). 

 

¿Y respecto a Payuelos?

En Payuelos nunca hemos dejado de invertir. A través de la Confederación Hidrográfica y de la Sociedad Pública Aquaes se ha estado trabajando en el canal bajo de Payuelos. Hay obras muy importantes ya en marcha, pero había que seguir trabajando en las hectáreas que van a ser regadas. Ya estamos trabajando en Payuelos en llevar la canalización de suministro a tres sectores. De tal manera que este año empezaremos a trabajar en el primero de ellos, y luego los otros dos que se irán acabando de aquí al 2017. Pero seguiremos invirtiendo allí, porque al final afectará a 33.000 hectáreas, 235 millones de euros. Nos hemos puesto a andar que era lo más importante. Hay que tener en cuenta que los regantes estaban dispuestos a financiar la obra, pero por distintos motivos legales, no pudieron, y el Ministerio decidió asumir el coste. Avanzaremos al ritmo que podamos, pero los regantes ganan, porque desde luego no les va a costar.

 

¿Están dispuestos permitir sondeos de menos de 7.000 metros cúbicos a los agricultores de la Comunidad o sigue rechazándolos la CHD? ¿Dónde está el problema? 

Los acuíferos no están agotados, pero tenemos que trabajar para que se recuperen. Aquí es muy importante hacer compatible la necesidad de agua con el cuidado de las masas de agua, ya sean superficiales o subterráneas. En estos momentos estamos revisando el Plan Hidrológico del Duero que se va a aprobar este año. Ese Plan va  a dar una solución definitiva a todos estos sondeos muy pronto. Pero mientras tanto, la Confederación Hidrográfica del Duero está hablando con todas aquellas personas que han solicitado nuevas extracciones, porque hay que dejar claro que nos referimos siempre a nuevas extracciones. La fórmula que se les facilita es que se agrupen. Con el actual reglamento, la solución es que se creen comunidades de usuarios en tanto se modifica la ley, pero hay quien no quiere.

 

Hablemos del lobo, una especie protegida que está causando daños a los ganaderos. ¿Cómo se hacen compatibles ambas cosas?

El lobo es una especie protegida y siempre lo será pero es cierto que tenemos que hacer compatible la protección de la especie con la actividad de los ganaderos ¿Qué es lo que hemos hecho? Estamos terminando el censo del lobo donde veremos que ha habido una expansión del lobo en el territorio y un incremento de las manadas de lobos. Es importante, pero también hay que saber que el lobo no tiene depredador. Debido a esa expansión le estamos pidiendo a la Unión Europea que el régimen de protección que hay al norte del Duero lo podamos expandir hacia el Sur. También estamos ofreciendo a los ganaderos consejos para que cambien sus prácticas en el manejo del ganado que les permitan convivir mejor con el lobo. Pero insisto en que siempre será una especie protegida. 

 

Por otro lado, y con respecto al medio ambiente, el objetivo de la UE en su conjunto es reducir las emisiones contaminantes un 40% para 2030. ¿Es realista? ¿Cómo se va a lograr? 

Es un objetivo que nos vincula, con lo cual tenemos que cumplirlo. Recientemente Naciones Unidas ha dado por bueno la información que nosotros le facilitábamos sobre emisiones. De esta manera dirá que hemos cumplido con el compromiso de Kioto 1, del 2008 al 2012. Cada vez nos vamos marcando objetivos más ambiciosos. Qué es lo que ha hecho este gobierno: es verdad que hemos cumplido con Kioto 1, pero para cumplirlo el anterior gobierno basó toda su política en la compra de derechos de emisión. Se gastó 770 millones de euros anuales en compra de derechos de emisión. Nosotros lo que teníamos claro es que, para cumplir, teníamos cambiar nuestro modelo productivo, emitir menos en España. Todo el dinero invertido en lucha contra el cambio climático es dinero que ha ido para apoyar inversiones que cambian el modelo productivo a una economía baja en carbono. Estamos invirtiendo en España, estamos creando empleo de calidad y reduciendo las emisiones de gases efecto invernadero en España para cumplir nuestras obligaciones.