La Federación de Servicios Públicos de UGT ha denunciado el silencio administrativo por parte de la Junta de Castilla y León que pesa sobre la Residencia Juvenil Arturo Duperier, dependiente de ella. Así lo han asegurado José Ignacio Gómez, secretario de Acción Sindical, y Catalina García, secretaria del sector autonómico de FSP-UGT, quienes mostraron su preocupación ante la falta de información sobre lo que va a suceder y cuándo con esta infraestructura con capacidad para 150 jóvenes, que cuenta también con una zona de albergue juvenil.

Se trata de una obra concluida hace más de dos años a la que sólo le queda el equipamiento y acondicionamiento interior y que, sin embargo, se maniene cerrara y con un servicio de vigilancia para impedir el vandalismo que viene costándole a la Administración regional 150.000 euros al año, según FSP-UGT.

Tal y como informó Gómez, en el presupuesto de la Institución regional de este año, se contempla más de un millón de euros en inversión real «y lo que hemos preguntado al delegado territorial es a qué se va a destinar ese dinero, si va a ser para la dotación de material para la puesta en marcha, de una vez por todas de la residencia Arturo Duperie». Temen que la inversión real prevista no se destine al fin que ellos esperan. En este sentido, los representantes de FSP-UGT han puesto otros ejemplos como lo sucedido con la Residencia de Enfermos Mentales que «tras cuatro años cerrada y una inversión de más de cuatro millones, además de la dotación de material, la Junta realizó una concesión administrativa a una empresa para que la gestionara», a lo que añadieron que, es el servicio de cocina de la residencia de la Tercera Edad situada en la calle Rufino Martín  quien le suministra el alimento a la primera. Critican por lo tanto el precedente de la Junta de invertir dinero público en una infraestructura que luego gestiona una empresa privada y que, además, «los medios de otros servicio cuyo trabajo es ejecutado por empleados públicos de la Administración regional son de los que se sirve la residencia gestionada con medios privados». Argumentaron también para su queja el hecho de que la antigua residencia haya sufrido una merma de la ocupación propiciada por «la actuación cicatera de la Junta durante años puesto que, disminuyó el número de plazas ofertadas y, posteriormente, aunque volvió a ofertar las 90 plazas, subió las tasas un 40 por ciento», lo que, según el sindicato, propició la falta de interés por parte de posibles residentes.  Temen también por los 20 empleados públicos que, en estos momentos, atienden a una treintena de residentes.

Cabe recordar que la Junta explicó en marzo que «se están finalizando los trámites administrativos con la anterior empresa para retomar el proyecto de la nueva residencia».

La pretensión de FSP-UGT es que el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, a quien se han dirigido en numerosas ocasiones, «nos conteste y nos diga qué va a suceder con la residencia Arturo Duperier y cual es la finalidad del millón de euros presupuestado».