Con la ‘resaca’ de la fuga de la multinacional Vestas de la Comunidad ya superada, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, acudió ayer al corazón de Europa, Bruselas, para reclamar a los responsables comunitarios una legislación más dura con las empresas que se deslocalizan fuera de las fronteras europeas después de haber cobrado las ayudas. Bajo esta premisa, Herrera, exigió a la Comisión Europea que ponga en marcha políticas «avanzadas» y se dote de «armas» y «coraje» a los países para evitar que se deslocalicen centros de producción industrial. Además, planteó ampliar el plazo en el que las empresas que reciben ayudas deben mantener el empleo, así como la implantación de aranceles para el acero transformado que llega al continente. «Deberían incrementarse las exigencias, las penalizaciones, los plazos para el caso de multinacionales que han recibido apoyos públicos», defendió Herrera al término de su encuentro en Bruselas con la comisaria de Industria, Elzbieta Bienkowska, solicitada a raíz de la crisis que provocó el anunció del cierre de la planta de Vestas, que recibió ayudas públicas «muy importantes» de la UE, del Gobierno nacional y la Junta. 

El presidente de la Junta quiso recordar que «felizmente hoy esa crisis» se ha «superado» gracias al diálogo social, a la Fundación Anclaje y el Protocolo en vigor para hacer frente a emergencias como la del fabricante danés de aerogeneradores, así como a la colaboración «desde el primer momento» entre el Gobierno central y la Junta para hacer posible «una alternativa industrial mejor». Sin embargo, insistió en que hay otros casos no resueltos como el de la multinacional de aluminio Alcoa, que ha tomado «decisiones similares» para cerrar sendas plantas en Galicia y Asturias «sin mayores explicaciones, justificaciones y sin otras alternativas». 

Herrera, que viajó acompañado por la consejera de Economía,Pilar delOlmo, explicó que han planteado a la comisaria que «debían de fortalecerse e incluso ampliarse las exigencias y plazos para que aquellas multinacionales que han recibido apoyos públicos para su establecimiento tomen estas decisiones», insistiendo en que el «principal» problema de la industria hoy son las deslocalizaciones. 

El presidente de la Junta de Castilla y León reiteró en que «no puede tolerarse» que estas empresas reciban «apoyos públicos» y «se les de facilidades también en el tiempo para que se deslocalicen», insistiendo en la necesidad de ampliar los plazos «asociados» a las ayudas para mantener «esos empleos» en el territorio. «Tiene que haber un límite, nos guste o no nos guste», razonó, al tiempo que admitió que se trata de un «equilibrio» que es «muy complicado», ante la necesidad de garantizar el libre mercado.

A su juicio, Europea no puede permitir la «incoherencia» que supone que algunas compañías se deslocalicen con el daño económico, social y demográfico que genera y se lleven sus centros de trabajo a lugares con niveles de exigencias «mucho mas bajos» y vendan, después, sus productos en Europa sin verificar que se ajustan a las mismas normas de calidad.

Tampoco aclaró si se podrían contemplar exigir la devolución de estas ayudas públicas a las multinacionales que se deslocalicen, pero insistió en que «esas ayudas públicas están asociadas a un intangible», «un valor todavía más importante» que el empleo directo como es el «conocimiento» asociado al empleo industrial.