Caja de Ávila quedará disuelta automáticamente el día 27 de noviembre en el proceso abierto para su conversión en fundación, un mes antes de lo inicialmente previsto debido al cambio legislativo introducido en el Real Decreto Ley sobre el régimen jurídico de las Cajas de Ahorro y que acaba de ser aprobado en el Senado -donde se presentó la enmienda- y el Congreso de los Diputados.
Según detalló el presidente de Caja de Ávila, Pablo Luis Gómez, la rebaja del plazo de seis a cinco meses desde la pérdida de la participación en el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), del grupo de Bankia, para llevar a cabo el trámite lleva la fecha límite al 27 de noviembre y eso hace que «no haya tiempo material» para convocar la asamblea que debía aprobar la transformación de la entidad abulense en fundación.
Esa situación provocará que, según se establece en la propia ley, el día 27 de noviembre quedarán disueltos los tres órganos de gobierno de Caja de Ávila, la Asamblea, su Consejo de Administración y la Comisión de Control, con el cese de todos sus miembros, así como la pérdida de la ficha bancaria de forma oficial. La entidad pasará a depender de la Junta de Castilla y León, en concreto de la Consejería competente en materia de fundaciones, quedando bajo el control del protectorado de fundaciones. Será éste quien, precisamente, nombrará a la comisión gestora que se encargará de continuar con el proceso, detalló.
El todavía presidente de Caja de Ávila explicó que el cambio legislativo introducido en el Senado y aprobado en el Congreso (está pendiente de publicación en el BOE) «acelerará todo el proceso», pero aclaró que el resultado final será el inicialmente previsto, la conversión en fundación de Caja de Ávila para llevar a cabo obras de carácter social.
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