La recesión no da tregua y el tejido productivo se desangra. Y es que al cierre del primer trimestre del año, Castilla y León contaba con 66.032 empresas inscritas en la Seguridad Social, lo que supone 3.106 menos que un año antes, y un descenso porcentual del 4,4 por ciento. Este dato contrasta con el punto más álgido de actividades operando en la Comunidad, que se registró en 2007, cuando arrancó la crisis, un ejercicio que concluyó con 77.885 empresas cotizantes, una cifra que marcó la inflexión, con retrocesos continuados año tras año hasta la fecha. Desde esa cúspide hasta el pasado mes de marzo, en Castilla y León se perdieron 11.853 empresas, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

Fuentes de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) destacaron que estas cifras demuestran que el tejido productivo de la Comunidad «sufre directamente el impacto de esta compleja y prolongada crisis económica». «El devenir negativo del conjunto de vectores económicos no alienta la inversión ni el consumo; como tampoco lo hace la incertidumbre o el hermético sistema financiero que restringe de forma notable el crédito a las empresas o una ley de morosidad que aún parece tener solo cabida en el papel», destacaron desde la patronal autonómica.

 

Asimismo, las mismas fuentes denunciaron que tampoco ayudan a impulsar el dinamismo económica las medidas estructurales adoptadas, cuyos resultados «se verán a largo plazo». Así, Cecale confía en que se emprendan nuevas iniciativas, también de índole estructural, o se profundice en las ya puestas en marcha, «como pudieran ser aquéllas que persiguen la eficiencia de los mercados y la plena liberalización de los mismos».

 

En este contexto, defendieron que «el camino de la recuperación económica y de la creación de empleo pasa por ayudar a las empresas y mejorar el marco jurídico de su actividad». Asimismo, ante este «crítico panorama económico», Cecale entiende que es necesario adoptar más medidas de ajuste para «acortar esta ya dilatada situación de crisis económica».

 

En concreto, Cecale exige que se facilite la concesión de crédito a empresas y familias y que se eliminen los obstáculos, sobre todo administrativos, a la constitución y desarrollo de empresas. Asimismo, denuncia que el adelgazamiento del sector público empresarial «está pendiente de hacer más efectiva y de forma más extendida la colaboración público-privada, con el fin de alcanzar una mayor eficiencia y productividad».

 

Los empresarios también piden que se persiga «de forma decidida» la unidad de mercado que «mejore la movilidad de bienes y servicios y la mejora de la competitividad empresarial». Además, exigen una reducción del fuerte esfuerzo fiscal; y que se profundice en las reformas estructurales iniciadas que permitan inyectar competitividad. Junto a esto, piden un aumento en la inversión en formación e I+D+i; que se genere un clima de confianza que atraiga la inversión productiva; y medidas de consolidación fiscal acompañadas de otras que impulsen el crecimiento económico.

 

En el análisis por provincias, entre marzo de este año y el mismo mes de 2012, el número de empresas cotizantes en Ávila (4.768), se redujo un 6,6 por ciento; en León (12.750), un 5,5 por ciento; en Salamanca (9.668), un 4,3 por ciento; en Valladolid (14.625) y Zamora (5.131), un 4,2 por ciento, en ambos casos; en Segovia (5.245), y Soria (3.008), un cuatro por ciento en cada una; y en Burgos (10.653), un 3,7 por ciento.