La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ha salido al paso de las acusaciones del colectivo Familias por la Educación Pública, que recientemente criticó la adjudicación del servicio de comedor escolar por considerar que priorizaba los criterios económicos sobre los nutricionales, a la vez que pedía mayor participación de las madres y padres de alumnos en este tipo de concursos públicos.
Mediante una nota, la Consejería de Educación alega que este colectivo de familias «está vertiendo injurias y falsedades sobre un procedimiento objetivo basado en los principios de igualdad de trato, transparencia y libre concurrencia». Asegura que las obligaciones dietético-nutricionales del contrato de adjudicación a la empresa Aramark. Servicios de Catering son mayores que la media nacional e, incluso, todo un referente en alimentación escolar en dicho ámbito. En un subrayado, desde la Delegación Territorial de la Junta en Ávila se afirma lo siguiente: «Las obligaciones dietético-nutricionales contenidas en el contrato recientemente adjudicado en Ávila son mucho más exigentes en lo relativo a la calidad y características nutricionales que las incluidas en el documento de consenso a nivel nacional, habiéndose convertido en un referente a nivel nacional en lo que a alimentación escolar se refiere».
Educación, que recuerda que el precio para las familias a partir del curso 2014/15 será de 3,97 euros para los usuarios habituales, niega que haya sido el criterio económico el más importante a la hora de elegir al beneficiario del contrato y afirma que, aunque Aramark obtuvo una baja puntuación en el epígrafe mejoras en la calidad y variedad de los menús, «se ha comprometido a siete de las nueve mejoras que podían ofrecer los licitadores. La no inclusión de las dos que no oferta no suponen en absoluto una merma en la calidad, dejando de obtener 3,5 puntos de los 15 posibles en este criterio».
«Exigentes obligaciones». La Junta encabeza su nota de prensa haciendo un repaso de las «exigentes obligaciones contractuales» derivadas de la legislación en vigor sobre contrataciones en el sector público y recuerda que la selección de la empresa adjudicataria de los comedores escolares se ha llevado a cabo por una Mesa de Contratación «constituida según las prescripciones establecidas por la Ley de Contratos del Sector Público, siguiendo los requisitos previamente establecidos con carácter general para toda la Comunidad Autónoma en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas». «En otras palabras –añaden desde la Delegación Territorial– todas las actuaciones de la Mesa se rigen obligatoriamente por dicha Ley de Contratos y los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas con los que se anuncia la licitación, que garantizan un servicio de calidad».
Uno de los aspectos más controvertidos de la reciente adjudicación del servicio de comedor escolar en Ávila ha sido el de la complementación del cáterin con las cocinas denominadas «in situ». El colectivo Familias por la Educación Pública señaló el pasado jueves que 18 de los 27 centros educativos disponrán de servicio de comedor externalizado, es decir, mediante cáterin. Sugirió que esta modalidad era más cara y de peor calidad.
La Junta ha respondido que en los centros escolares de la provincia de Ávila conviven ambas modalidades, «buscando en todo momento la eficacia y calidad en el servicio».La modalidad de servicio en cáterin implica que «la elaboración de las comidas se realiza en cocinas centrales y se transporta posteriormente al centro. La calidad final del producto depende de dos factores: calidad de la materia prima de partida y adecuación de la preparación del producto y posterior regeneración para su consumo». Se trata de una técnica, explican desde la Junta, «que aumenta de forma considerable los niveles de seguridad y calidad de las comidas servidas representando un sistema moderno y práctico».
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